Una organización dedicada a facilitar la entrada irregular de ciudadanos cubanos a territorio estadounidense quedó nuevamente bajo la lupa de las autoridades federales. Cinco cubanos y un ciudadano estadounidense fueron sentenciados por participar en una estructura que cobraba hasta 40.000 dólares por persona, falsificaba solicitudes migratorias y habría lavado más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de octubre de nuevas condenas contra seis integrantes de una red internacional dedicada al tráfico de migrantes, la presentación de solicitudes fraudulentas de asilo y el blanqueo de capitales.

Según la investigación, la organización captaba a sus clientes mediante anuncios en diferentes redes sociales, principalmente dirigidos a ciudadanos cubanos interesados en llegar a Estados Unidos. Los precios por los servicios oscilaban entre 1.500 y 40.000 dólares, dependiendo de las operaciones y los traslados organizados.

La estructura utilizaba diferentes mecanismos para facilitar los viajes. Entre ellos figuraban solicitudes falsas de autorización electrónica ESTA, documentos con información inventada y vuelos comerciales. En determinadas ocasiones, incluso se contrataban aeronaves privadas para transportar grupos de migrantes.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los implicados también preparaban expedientes migratorios fraudulentos y orientaban a los viajeros sobre las respuestas que debían ofrecer si eran interrogados por funcionarios fronterizos.

La investigación financiera permitió descubrir que la organización utilizó varias compañías ficticias para ocultar el origen de los fondos. Entre 2021 y 2025, las operaciones de blanqueo superaron los 22 millones de dólares. Además, entre julio de 2022 y noviembre de 2024, se gastaron más de 600.000 dólares en una sola aerolínea para organizar desplazamientos.

Entre los condenados se encuentran Liannys Yaiselys Vega-Pérez, que recibió cuatro años de prisión; Layra Libertad Treto Santos, sentenciada a 30 meses; y Miguel Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Walbis Pozo-Dutel y Emanuel Martínez González, quienes deberán cumplir dos años de cárcel cada uno.

El expediente todavía tiene capítulos pendientes. Marianny Lucía López-Torres y Frandy Aragón-Díaz continúan prófugos, mientras otros acusados permanecen a la espera de que se resuelvan sus respectivos procesos judiciales.

El caso vuelve a poner de manifiesto cómo determinadas organizaciones se aprovechan de la desesperación de personas que buscan abandonar Cuba para convertir la migración en un negocio millonario, utilizando engaños documentales y procedimientos ilegales que pueden terminar comprometiendo el futuro migratorio de sus propios clientes.

Fuentes: Departamento de Justicia EEUU - Daniel Benítez

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