Cuba sumó 40 puntos sobre 100 en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), lo que la ubicó en el puesto 84 entre 182 países evaluados en el informe correspondiente a 2025, elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI).

El IPC es uno de los principales indicadores globales sobre cómo se percibe la corrupción en el sector público, agrupando datos de al menos 13 fuentes como evaluaciones del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La puntuación oscila entre 0 (muy corrupto) y 100 (muy limpio), y se basa en manifestaciones como sobornos, malversación de fondos, nepotismo, transparencia legislativa y acceso ciudadano a información pública.

La evaluación refleja un descenso continuado de la percepción de transparencia en Cuba en los últimos siete años, con puntuaciones que han tendido a disminuir en cada edición del índice, de acuerdo con análisis de tendencias históricas.

En el contexto de las Américas, varios países también han visto cambios significativos en sus puntajes desde 2012. De los 33 países analizados en la región, 12 han empeorado de manera importante, mientras que solo República Dominicana y Guyana han registrado mejoras notables. Costa Rica y Uruguay sobresalen como las democracias con mejores resultados regionales, aunque ninguna nación queda completamente libre de los efectos negativos de la corrupción y el crimen organizado, según TI.

A nivel global, el informe de 2025 destaca que la corrupción sigue siendo “una amenaza seria” en todo el mundo, con una media global cayendo a 42 puntos, el nivel más bajo en más de una década. Más de dos tercios de los países puntuados obtienen menos de 50, lo que sugiere desafíos persistentes para controlar las prácticas corruptas en el sector público.

En contraste, países con menores niveles percibidos de corrupción incluyen a Dinamarca, Finlandia y Singapur, que repiten en los primeros lugares del ranking consecutivamente.

La posición de Cuba en este índice refleja preocupaciones continuas sobre la transparencia institucional y la percepción pública de la integridad en la administración pública, reforzando el debate sobre reformas y mecanismos de rendición de cuentas en la isla.

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