Desde la ciudad de Miami se lanzó un mensaje claro y sin ambigüedades: la impunidad no puede seguir siendo la norma frente a los abusos del poder en Cuba. La activista Rosa María Payá y el congresista Carlos A. Giménez encabezaron un llamado firme para que se congelen los fondos vinculados al aparato estatal y militar cubano en el extranjero y se activen mecanismos judiciales contra sus responsables.

El planteamiento no se limita a declaraciones simbólicas. Entre las propuestas figura la aplicación de sanciones individuales bajo instrumentos como la Ley Magnitsky, una herramienta diseñada para penalizar a funcionarios implicados en corrupción y violaciones graves de derechos humanos. La intención es clara: cortar los flujos financieros que, según denunciaron, sostienen estructuras represivas y redes de privilegio.

Durante el encuentro también estuvo presente el opositor José Daniel Ferrer, quien ha sido una de las voces más visibles en la denuncia de detenciones arbitrarias y persecución política. Los participantes coincidieron en que la presión diplomática tradicional ha resultado insuficiente y que es momento de avanzar hacia acciones concretas que incluyan investigaciones financieras, bloqueos de activos y procesos judiciales en tribunales internacionales y nacionales cuando corresponda.

El argumento central es que el dinero que circula fuera de la isla y que estaría vinculado a empresas estatales o entidades controladas por el poder político no puede permanecer ajeno al escrutinio. Congelar esos recursos enviaría, sostienen, un mensaje inequívoco: las violaciones de derechos humanos y los presuntos actos de corrupción tienen consecuencias reales.

Asimismo, se pidió que se procesen judicialmente los casos relacionados con agresiones contra ciudadanos estadounidenses, delitos financieros transnacionales y cualquier vínculo comprobado con actividades ilícitas. Para los promotores de estas medidas, la rendición de cuentas no es una consigna, sino un paso imprescindible para abrir caminos hacia una Cuba con garantías y Estado de Derecho.

El llamado busca movilizar tanto a legisladores como a instituciones financieras y organismos multilaterales. Más allá de la retórica, la propuesta apuesta por una estrategia integral: presión económica selectiva, acciones legales coordinadas y vigilancia constante. En esa combinación, aseguran, reside la posibilidad de transformar la denuncia en resultados tangibles y en un precedente contra la impunidad.

Fuente: Yosmany Mayeta

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