El artículo publicado por Granma sobre los robos a sistemas fotovoltaicos en comunidades rurales de Cuba pone en evidencia no solo la alarmante escalada de delitos en el país, sino también las profundas contradicciones de un modelo social que, tras décadas de adoctrinamiento, muestra un fracaso evidente en la construcción del llamado "hombre nuevo".

Según el texto, los sistemas de bombeo instalados para garantizar el acceso al agua mediante energía solar han sido objeto de hurtos recurrentes, afectando a comunidades aisladas que dependen de estas tecnologías. Paneles solares, cables y bombas de agua, financiados con millones de dólares y con la colaboración de entidades extranjeras, han sido robados, dejando a cientos de familias sin acceso al líquido vital.

Lo paradójico del discurso oficialista es su constante intento por desviar la responsabilidad. Se culpa a los ladrones por ser “inescrupulosos” y a las comunidades por no proteger adecuadamente los bienes estatales, sin abordar el contexto social y económico que alimenta estas conductas. En un país donde la miseria y la desigualdad han alcanzado niveles alarmantes, ¿cómo puede sorprender que el hurto y el vandalismo se hayan convertido en una respuesta desesperada?

El artículo también menciona soluciones aisladas, como custodios de confianza o la unión comunitaria para proteger los equipos, pero ignora que estas son estrategias de contención, no soluciones al problema de fondo. Las fuerzas del orden, las organizaciones políticas y las empresas responsables, lejos de brindar garantías reales, parecen más enfocadas en repartir culpas que en reconocer las raíces de este fenómeno.

Es aquí donde entra el verdadero análisis: el colapso del proyecto ideológico que prometía un “hombre nuevo”. Fidel Castro aseguraba que la revolución forjaría generaciones altruistas, solidarias y comprometidas con el bien común. Sin embargo, la realidad actual refleja lo opuesto: jóvenes que recurren al delito para sobrevivir, un tejido social fragmentado y comunidades incapaces de proteger lo poco que tienen.

El saqueo de paneles solares y sistemas de agua no es solo una estadística más de la criminalidad en Cuba; es un reflejo de la desintegración de valores en una sociedad que, durante décadas, fue moldeada por un sistema autoritario. Cuando se criminaliza a los ladrones sin analizar por qué se convierten en tales, se pierde la oportunidad de entender el problema.

La creciente criminalidad en Cuba es también una consecuencia de la falta de oportunidades, del éxodo masivo de talentos y del desgaste de un modelo económico que ha condenado a la población a la precariedad. En este contexto, muchos jóvenes ven en el delito no solo una opción, sino a menudo la única salida.

En lugar de cuestionar a la población por no cuidar los bienes, las autoridades deberían reflexionar sobre cómo su propio sistema ha fallado en garantizar condiciones dignas para la mayoría. La narrativa oficialista de “echar dinero en saco roto” al perder equipos robados, ignora que el verdadero despilfarro ha sido décadas de política ineficiente y represión ideológica.

El "hombre nuevo" prometido por la Revolución no es más que un recuerdo lejano. En su lugar, queda una juventud marcada por la desesperanza y un país donde incluso el acceso al agua potable se convierte en un lujo que depende de frágiles instalaciones, siempre al borde del colapso por el vandalismo.

¿La solución? Replantearse todo el modelo. Mientras las políticas públicas no atiendan las causas estructurales del delito —como la pobreza, el desempleo y la falta de perspectivas—, el ciclo de saqueos, violencia y frustración seguirá siendo el espejo de una sociedad desilusionada.

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