El Gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial la Resolución 86/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, una norma que introduce nuevas obligaciones para actores económicos no estatales en materia de control financiero.

La disposición, firmada por el ministro Vladimir Regueiro Ale, establece que trabajadores por cuenta propia, mipymes, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local que presten servicios de contabilidad pasan a ser considerados “sujetos obligados” dentro del sistema de supervisión financiera.

Según el texto, estos actores deberán verificar que sus clientes no figuren en listas nacionales o internacionales vinculadas a actividades de terrorismo antes de prestar servicios. En caso de detectar coincidencias, estarán obligados a emitir un Reporte de Operaciones Sospechosas a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba.

La norma también establece que dichos reportes deben realizarse sin informar al cliente involucrado y bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Asimismo, los prestadores de servicios deberán conservar la información de sus clientes durante un período de cinco años y colaborar con las autoridades cuando se les requiera.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en acciones por parte de instituciones como la Fiscalía General de la República o el Ministerio del Interior, en función de la gravedad de la infracción.

La medida amplía el alcance del control financiero estatal sobre el sector privado, que en los últimos años ha ganado peso en la economía nacional con miles de mipymes registradas y una participación relevante en el empleo y los ingresos fiscales.

Entre las herramientas que deberán consultar los actores económicos figura la lista nacional de personas y entidades vinculadas a actividades terroristas, elaborada por el Ministerio del Interior, la cual incluye individuos y organizaciones señalados por las autoridades cubanas.

El Gobierno ha enmarcado esta regulación dentro de sus compromisos para reforzar la prevención de delitos financieros y cumplir estándares internacionales en materia de supervisión, en línea con recomendaciones de organismos regionales especializados.

La Resolución 86/2026 se suma a un conjunto de medidas recientes dirigidas a regular el funcionamiento del sector no estatal, en un contexto de ajustes económicos y mayor fiscalización de la actividad privada en el país.

Fuentes: Cubadebate y CiberCuba

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