El gobierno cubano se embolsó más de 138 millones de dólares durante el corto tiempo que duró la flexibilización de viajes de cruceros a Cuba, trascendió recientemente como parte de demandas que enfrentan varias compañías que operaron eso barcos a Cuba tras la aprobación del expresidente Obama.

Una gran cantidad de documentos catalogados como récords públicos en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida vinculados a demandas contra cuatro compañías de cruceros importantes como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises muestras que las mismas “firmaron acuerdos con agencias de viajes del gobierno cubano para brindar servicios turísticos a sus pasajeros, pese a la prohibición sobre el turismo contenida en el embargo”.

Un artículo de Yahoo Noticias revela que en la corte federal de Miami expusieron los negocios tras bambalinas de esas cuatro compañías de cruceros con el régimen de La Habana “los servicios incluían excursiones a cabarets y playas que no parecían cumplir con las reglas sobre los viajes a Cuba”.

La documentación que alcanza cientos de páginas corresponde a demandas de la compañía estadounidense Havana Docks donde afirman que las líneas de cruceros usaron ilegalmente los tres muelles en el puerto de La Habana que fueron confiscados por el gobierno de Fidel Castro en 1960 de manera indebida.

“Los registros incluyen contratos, estados financieros, intercambios de correo electrónico, evaluaciones legales y declaraciones”, advierte la nota donde aseguran que mientras duró la burbuja de viajes esas “cuatro compañías obtuvieron al menos $1.1 mil millones en ingresos por viajes a La Habana entre 2016 y 2019”, mientras el gobierno cubano “se embolsó un poco más de $138 millones”.

La nota informa que las compañías prosiguieron sus negocios con el gobierno cubano pese a advertencias del Departamento del Tesoro, en los récords y comunicaciones de la agencia quedó de manifiesto alertas sobre que “la autorización para llevar viajeros a Cuba no era excusa para violar otras leyes y reglamentos”.

La información presentada en corte además indica que las líneas de cruceros tenían algún conocimiento de que los puertos donde atracaban sus botes estaban en medio de disputas legales por su confiscación llevada a cabo por el régimen cubano.

Asimismo revelan que Carnival registró una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba en 2018 donde declaran que el objetivo era “realizar actividades comerciales relacionadas con el turismo”. Además establecieron un memorando de entendimiento con una empresa de turismo llamada Gaviota en mano de militares cubanos.

Por su parte Royal Caribbean consultó con “una agencia legal del gobierno cubano para obtener permisos para abrir y operar casinos en Cuba”, además exponen que “se benefició de la reventa de visas de turista cubanas a pasajeros con un margen de beneficio del 50 por ciento”.

Durante su defensa las compañías han insistido en que “todos sus tratos en Cuba eran legales porque el gobierno de Obama autorizó los viajes en crucero”.  Sin embargo, luego de toda la información expuesta será la jueza federal del Distrito Sur de Florida, Beth Bloom, decidirá si las demandas irán a juicio. De ser así podría confirmarse que “los viajes bajo la categoría de contacto persona a persona fueron una cortina de humo para justificar el turismo ilegal que enriqueció las arcas de Cuba, ayudando a financiar un régimen represivo”.

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