Cuba impulsa un paquete de reformas económicas que amplía el espacio a la empresa privada y busca atraer inversión extranjera, pero su éxito dependerá de las sanciones de Estados Unidos, la confianza de los inversionistas y el clima político interno, en medio de un debate sobre si estos cambios realmente podrán transformar la crisis del país.El gobierno cubano ha aprobado un nuevo paquete de reformas económicas que marca uno de los giros más significativos desde 1959. Las medidas incluyen la ampliación del sector privado, la posibilidad de que una misma persona posea múltiples negocios y una reducción de la planificación centralizada, con el objetivo de dinamizar una economía profundamente afectada por la crisis estructural.

Sin embargo, expertos consultados advierten que la viabilidad de estas transformaciones depende de factores externos e internos que podrían limitar su impacto real. Entre ellos destacan las sanciones de Estados Unidos, el acceso a financiamiento internacional y la capacidad del Estado cubano para generar confianza en inversionistas extranjeros.

El economista cubano Daniel Torralbas, radicado en Londres, considera que las reformas son necesarias pero insuficientes si no se produce una normalización de las relaciones con Washington. Según su análisis, la política estadounidense sigue siendo una variable determinante en el desempeño económico de la Isla, al restringir el acceso a mercados, créditos y transacciones bancarias.

Por su parte, la economista Tamarys Bahamonde, de American University, plantea dudas sobre la disposición de la diáspora cubana y de inversionistas internacionales a arriesgar capital en un entorno sin garantías jurídicas claras. A esto se suma la fuerte emigración de los últimos años, que ha reducido la fuerza laboral y el capital humano disponible dentro del país.

Desde Washington, el vicepresidente JD Vance ha dejado abierta la posibilidad de una relación más flexible con La Habana, aunque condicionada a cambios concretos dentro de la Isla. “Si hacen algo, nosotros haremos algo”, señaló, sugiriendo que cualquier acercamiento dependerá de reformas verificables por parte del gobierno cubano.

En el plano interno, el presidente designado Miguel Díaz-Canel reconoció la gravedad de la crisis económica y la necesidad de aplicar transformaciones urgentes. Durante una reunión con el Partido Comunista, admitió que la burocracia y la lentitud institucional han frenado la implementación de medidas necesarias para enfrentar el deterioro económico.

El mandatario propuso un plan que incluye mayor autonomía para las empresas estatales, apertura selectiva a la inversión extranjera, estímulos a la producción y una mayor seguridad jurídica para los actores económicos. También mencionó la intención de estudiar modelos como los de China y Vietnam, donde se ha combinado apertura económica con control político centralizado.

Sin embargo, el debate de fondo trasciende lo económico. Analistas y sectores críticos cuestionan si estos cambios pueden sostenerse sin modificaciones políticas más profundas o sin la participación real de la sociedad civil y la oposición. También se plantea la duda sobre cómo reaccionarían los presos políticos, activistas dentro y fuera del país, y amplios sectores del exilio, ante un escenario en el que se mantenga el mismo liderazgo político mientras se introducen reformas económicas.

Para algunos observadores, el desafío no es solo económico, sino de legitimidad y confianza. La apertura parcial de la economía podría aliviar ciertas presiones, pero sin garantías institucionales sólidas, el riesgo es que los cambios se perciban como insuficientes o meramente controlados por la misma estructura de poder.

En este contexto, el futuro de las reformas cubanas sigue dependiendo de un equilibrio complejo entre presión internacional, decisiones de Washington, confianza del capital extranjero y la respuesta social dentro y fuera de la Isla.

Fuente: AFP

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