La Cámara Federal de Argentina ha decidido reabrir la denuncia presentada en 2021 por Mavys Álvarez, una cubana que acusó al fallecido Diego Maradona y a su círculo cercano de abuso y trata de personas. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia de Álvarez, quien sostiene haber sido víctima de violencia y explotación cuando tenía 16 años.

Inicialmente, el caso había sido desestimado por el juez Daniel Rafecas, quien argumentó que los delitos habían prescrito. Sin embargo, los abogados de Álvarez, Gastón Marano y Marcela Scotti, apelaron la decisión. Como resultado, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron la reapertura de la investigación, con especial atención en los funcionarios que facilitaron su ingreso a Argentina cuando era menor de edad.

La investigación ahora se centra en dos amigos cercanos de Maradona, Carlos Ferro Viera y Gabriel Buono, quienes habrían estado involucrados en los eventos que llevaron a Álvarez a Argentina. Asimismo, se ha señalado la participación del régimen cubano, con Fidel Castro jugando un papel clave en el traslado de la joven al país sudamericano, según los abogados de la víctima.

Mavys Álvarez, quien actualmente reside en Estados Unidos, viajó a Argentina en 2021 para presentar formalmente su denuncia. Aunque en su momento la relación fue descrita como "consentida", Álvarez afirma que fue sometida a abuso físico y sexual por parte del futbolista, además de haber sido introducida en el consumo de drogas a una edad temprana.

En su declaración jurada, Álvarez detalló episodios de violencia que sufrió a manos de Maradona, incluyendo un incidente en La Habana en el que asegura haber sido violada. Relató cómo el exfutbolista la agredió mientras su madre, que intentaba entrar a la habitación, fue ignorada. "Maradona me tapó la boca para que no gritara", recordó Álvarez, describiendo ese como el momento más traumático que vivió con él.

A pesar de las pruebas presentadas, incluidas fotos y cartas, el caso fue archivado en 2022 por prescripción del delito. No obstante, Álvarez y sus abogados solicitaron un "juicio por la verdad", una figura legal inédita en Argentina que busca esclarecer los hechos sin imponer penas a los acusados. Este juicio serviría como una herramienta para que la verdad salga a la luz y la víctima obtenga algún tipo de reparación moral.

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