El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elimina los aranceles adicionales impuestos a países que enviaran petróleo a Cuba, una decisión que marca un giro táctico en la política energética hacia la Isla, aunque sin desmontar la estructura de sanciones vigente.

La disposición, titulada “Ending Certain Tariff Actions”, surge tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó el alcance del Ejecutivo para aplicar gravámenes unilaterales amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La sentencia obligó a revisar medidas adoptadas bajo la premisa de emergencia nacional.

Con la nueva orden queda sin efecto la amenaza arancelaria que pesaba sobre importaciones procedentes de países que, de manera directa o indirecta, abastecieran de crudo al régimen cubano. Aquella advertencia había generado un efecto inmediato: la drástica reducción del tráfico de petroleros hacia puertos cubanos y una contracción notable en el suministro de combustible.

Sin embargo, la eliminación de los aranceles no implica una flexibilización integral de la política de presión. La declaración de emergencia nacional sobre Cuba, vigente desde 1996 tras el derribo de avionetas civiles en aguas internacionales, permanece activa y continúa siendo renovada anualmente por la Casa Blanca.

Esto significa que otras herramientas siguen operativas. Las sanciones financieras, las restricciones a aseguradoras y navieras, así como limitaciones a intermediarios vinculados al comercio energético, no fueron derogadas. En términos prácticos, Washington conserva amplias facultades para obstaculizar el acceso de La Habana a mercados estratégicos.

Analistas consideran que la amenaza arancelaria cumplió su función disuasiva en un corto plazo, especialmente en el sector energético. La escasez de combustible impactó operaciones aeroportuarias y obligó a aerolíneas a reajustar itinerarios para repostar en terceros países, encareciendo rutas hacia la Isla.

El nuevo escenario abre interrogantes. Aunque se retira una medida concreta, la arquitectura jurídica que sustenta el embargo y las sanciones permanece intacta. Para el Gobierno cubano, el alivio es parcial y condicionado; para Washington, se trata de una recalibración obligada por el sistema judicial, no de un cambio de estrategia.

En medio de tensiones diplomáticas persistentes, la relación bilateral sigue marcada por la presión económica, ahora sin aranceles petroleros, pero con el mismo andamiaje restrictivo listo para activarse.

Fuente: Periódico Cubano

Recomendado para ti