Un análisis de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández sostiene que la llamada cláusula de intangibilidad de la Constitución cubana, creada para proteger el sistema político del país, podría haberse convertido en una limitación que impide tanto las reformas internas como la posibilidad de negociar en condiciones de presión externa, abriendo un debate sobre sus efectos reales en el momento actual.

La profesora cubana Alina Bárbara López Hernández publicó un análisis donde examina lo que se conoce como la “cláusula de intangibilidad” de la Constitución cubana. Según su planteamiento, esta norma fue diseñada para proteger el sistema político del país y evitar cambios profundos en su estructura, especialmente en lo relacionado con el carácter socialista del Estado.

Sin embargo, la autora sostiene que esta cláusula, creada para dar estabilidad, ha terminado generando una situación más compleja. Explica que desde 2002 la Constitución establece que el sistema político, económico y social es “irrevocable”, lo que significa que no puede ser modificado ni siquiera mediante reformas constitucionales. Además, también se incluye una prohibición que impide negociar con potencias extranjeras si existe presión, amenaza o coerción.

En su análisis, López Hernández señala que este punto ha sido utilizado durante años como argumento legal para rechazar cambios políticos internos y para justificar la represión de voces críticas dentro del país. Sin embargo, afirma que esa misma norma ahora plantea una contradicción en el contexto actual.

Según su criterio, Cuba enfrenta hoy una situación en la que existen presiones externas, especialmente por parte de Estados Unidos, al mismo tiempo que el propio Gobierno ha reconocido contactos o posibles diálogos con actores internacionales. Esto, según la autora, coloca al Estado en una posición complicada desde el punto de vista legal, ya que la Constitución prohíbe precisamente negociar bajo esas condiciones.

El artículo también plantea que esta contradicción no solo tiene un efecto jurídico, sino también político. Por un lado, limita la posibilidad de impulsar cambios internos en el sistema; por otro, puede dificultar cualquier intento de negociación internacional en momentos de tensión.

La autora recuerda que estas disposiciones fueron incorporadas en un contexto histórico diferente, cuando la situación interna y externa de Cuba era distinta. Sin embargo, considera que el escenario actual es más complejo, con una crisis económica profunda, aumento del descontento social y mayores presiones externas.

En su reflexión, López Hernández sugiere que el sistema político cubano se enfrenta a un dilema: mantener una Constitución que impone límites estrictos o reinterpretar su aplicación en función de la realidad actual del país. Para la pedagoga, esta tensión abre interrogantes sobre el futuro político de la nación y sobre la capacidad del Estado para adaptarse a los cambios internos y externos sin entrar en contradicciones legales.

Fuente: Alina Bárbara López Hernández

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