Diciembre y enero pasados se caracterizaron por los retrasos en entrega de paquetería por las entidades encargadas en Cuba. Esta situación es comprensible, debido a que el tráfico aéreo entre Cuba y Estados Unidos ha estado obstaculizado por las medidas sanitarias de la pandemia. Pero resulta inconcebible que se cobre una tarifa nueva a las entregas atrasadas. 

Correos de Cuba ha salido a justificar esta imposición del régimen. Ellos como entidad de servicios se deben regir por las directrices del gobierno. El coronavirus es un ente externo que lamentablemente atrasó el servicio, pero es el cliente quién debe pagar las consecuencias. Esta es una política casi oficial de la prestación de servicios en la isla. 

Se han reportado casos de atrasos en la entrega de paquetes desde agosto de 2020. Aun así los usuarios serán recargados con las nuevas tarifas sin derecho a reclamos.

Los cubanos afectados deberán pagar entre 95 a 100 CUP por los paquetes de 1.5kg que deban retirar. Estos mismos bultos, de haber sido entregados a tiempo, debieron ser cobrados en 55 o 60 CUP.



Al no existir en el país una política de atención al cliente nacional verdaderamente imparcial, los afectados no tienen respaldo de ninguna institución y les tocará pagar los caprichos de otros, si es que desean hacerse con sus pertenencias.

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