Tras nueve meses de opacidad institucional, la familia del enfermero abatido a tiros en Minnesota durante una redada migratoria exige responsabilidades penales al Gobierno estadounidense, al que acusa de ocultar pruebas clave y someterlos a un trato deshumanizador desde el día del suceso.

A casi trescientos días de la muerte de Alex Pretti, sus padres han comparecido públicamente en Minneapolis para romper un prolongado silencio y señalar directamente a la Administración federal. El enfermero de cuidados intensivos, de 37 años, falleció en enero tras recibir varios disparos de agentes federales mientras grababa con su teléfono móvil un operativo de inmigración. Sus familiares denuncian no solo la falta de transparencia en el proceso judicial, sino el desprecio institucional manifestado al enterarse del fallecimiento de su hijo a través de la televisión, sin haber recibido llamadas ni condolencias por parte de las autoridades nacionales desde entonces.

La versión gubernamental, sostenida por el Departamento de Seguridad Nacional, afirma que los agentes actuaron en legítima defensa frente a un individuo armado que se aproximó de forma agresiva. Sin embargo, grabaciones difundidas en redes sociales muestran a una docena de efectivos abalanzándose sobre Pretti, reduciéndolo y golpeándolo en el suelo antes de que se escucharan las detonaciones. El fallecido, que no registraba antecedentes penales y disponía de permiso legal para portar armas, intentaba auxiliar a una manifestante en el momento de la intervención.

El caso ha generado un fuerte conflicto de jurisdicción entre el Estado de Minnesota y la Administración federal. Mientras fiscales locales e investigadores estatales demandaron acceso completo a las pruebas sobre la muerte de Pretti y la de otra activista fallecida semanas antes en circunstancias similares, la Fiscalía del Condado de Hennepin ha denunciado la omisión deliberada de información clave por parte de las agencias gubernamentales. Ante esto, los representantes federales sostienen que no están obligados a entregar material adicional mientras no se formalice un procedimiento judicial.

La exigencia de la familia busca que el Departamento de Justicia depure responsabilidades y entregue la totalidad del material de prueba a los investigadores locales, en un episodio que ha reavivado las protestas contra la actuación de las fuerzas de seguridad federales en suelo estatal.

Fuente: El País

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