Definitivamente, el Gobierno de Estados Unidos anunció que planea proponer nuevas regulaciones para impedir que inmigrantes indocumentados reciban reembolsos de ciertos créditos fiscales federales, como el crédito por hijos, créditos educativos y de ahorro para el retiro, al considerarlos beneficios públicos federales.

Esta medida está prevista para aplicarse con la temporada de impuestos de 2026. Según informes recientes, el Departamento del Tesoro planea reclasificar las partes reembolsables de varios créditos fiscales como beneficios públicos bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996.

Con esa nueva interpretación, muchos inmigrantes, incluidos los indocumentados, quedarían excluidos de recibir reembolsos aun cuando trabajen y paguen impuestos. Entre los créditos afectados se encuentran el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Adicional por Hijos, el Crédito de Oportunidad Americana y el Saver’s Match Credit para ahorro de retiro. Aunque gran parte del enfoque se pone en inmigrantes indocumentados, analistas advierten que también podrían verse afectados otros grupos, como personas traídas de niños bajo DACA, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal, trabajadores extranjeros con visas e incluso familias con hijos ciudadanos que presentan declaraciones con un ITIN.

Este cambio ha generado críticas porque actualmente muchos inmigrantes pagan impuestos, incluyendo millones en impuestos federales y de nómina, aun cuando no califican para programas de seguridad social como Medicare o el Seguro Social. Se estima que los inmigrantes indocumentados han pagado casi 100 mil millones de dólares en impuestos en EE.UU., con una parte importante financiando programas que no pueden usar.

Además de estas regulaciones administrativas, existe legislación en el Congreso, como la No Child Tax Credit for Illegals Act of 2025, que amplía los requisitos de número de seguro social para reclamar créditos como el Child Tax Credit, reforzando la exclusión de personas sin SSN válido. Este asunto se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para restringir el acceso a beneficios federales a inmigrantes no ciudadanos, vista también en acciones para limitar participación en programas de salud, educación o asistencia pública. El impacto de estas medidas podría ser significativo para millones de familias mixtas en EE.UU., donde padres indocumentados tienen hijos ciudadanos que actualmente se benefician de algunos de estos créditos fiscales.

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