La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó una nueva edición extraordinaria (GOC-2026-19-ES1) que introduce ajustes al marco tributario vigente, con impacto directo sobre los ingresos y las obligaciones fiscales de la población. Las disposiciones buscan adecuar las normas al escenario económico posterior a la Tarea Ordenamiento y a los cambios en la estructura de ingresos de personas naturales y actores económicos.

El texto ratifica que el Estado mantiene el control centralizado de la recaudación y la fiscalización, tanto de ciudadanos como de entidades. Según la norma, el propósito es fortalecer la disciplina tributaria y reducir los ingresos que permanecen fuera del sistema oficial.

Uno de los elementos centrales es la ampliación de las facultades de la Administración Tributaria. La regulación consolida la capacidad de exigir información, verificar datos financieros y cruzar registros para identificar ingresos no declarados. Estas atribuciones alcanzan no solo a trabajadores por cuenta propia y mipymes, sino también a personas naturales que reciben ingresos por diversas vías.

La normativa refuerza además la obligación de justificar el origen de los ingresos y de mantener actualizada la información ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones, recargos y otros procedimientos administrativos.

En cuanto a la carga fiscal, se mantiene un mínimo exento anual que diversos sectores consideran insuficiente frente al costo actual de la vida. En la práctica, personas con ingresos limitados pueden quedar sujetas a obligaciones tributarias aun cuando sus recursos apenas cubran gastos básicos. La actualización no incorpora alivios específicos para jubilados, trabajadores informales o familias que dependen de remesas u otros apoyos externos.

La Gaceta también reafirma la aplicación del impuesto del 10% sobre ventas minoristas y servicios a la población. Aunque el gravamen recae formalmente sobre los actores económicos, suele trasladarse al precio final, lo que contribuye al encarecimiento de bienes y servicios en un mercado con escasa oferta.

En conjunto, la nueva disposición consolida un esquema de control tributario más estricto, sin introducir medidas de alivio fiscal directo, en un contexto marcado por inflación, bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo.

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