Ni las amenazas de largas condenas de prisión ni la campaña de advertencias impulsada por el régimen cubano parecen detener el robo de aceite dieléctrico, un delito que continúa afectando a los transformadores eléctricos y agravando los problemas del ya deteriorado sistema energético de la isla.

Un artículo publicado el 15 de octubre por el periódico oficialista Granma reconoce que Santiago de Cuba figura entre las provincias con mayor incidencia de estos hechos, junto con Matanzas, Ciego de Ávila, Artemisa y Mayabeque.

El reporte califica estas sustracciones como actos de sabotaje y advierte sobre el peligro que representan para la vida humana. Según el propio medio estatal, varios de estos incidentes han causado muertes.

La persistencia del fenómeno evidencia las limitaciones de las medidas represivas promovidas por las autoridades, que han endurecido las sanciones penales y multiplicado los mensajes de advertencia sin conseguir erradicar las sustracciones.

El aceite dieléctrico es fundamental para el funcionamiento de los transformadores, pues actúa como aislante eléctrico y contribuye a disipar el calor generado por los equipos. Su extracción puede provocar averías graves y dejar sin servicio eléctrico a comunidades enteras.

En un país marcado por apagones prolongados, escasez de combustible y dificultades para reparar las instalaciones dañadas, estos robos añaden presión a una infraestructura energética deteriorada.

La pérdida de un transformador o la imposibilidad de repararlo rápidamente puede prolongar las interrupciones eléctricas y afectar servicios esenciales, como el bombeo de agua y la atención sanitaria.

El problema no se limita a Santiago de Cuba. Los reportes oficiales y publicaciones independientes han documentado casos similares en diferentes provincias, con consecuencias que van desde daños materiales hasta interrupciones del suministro a miles de personas.

Las autoridades cubanas han recurrido a una estrategia de endurecimiento penal para intentar frenar estos delitos. La legislación contempla penas de siete a 15 años de prisión para determinadas conductas tipificadas como sabotaje contra infraestructuras energéticas. Cuando concurren circunstancias agravantes, las sanciones pueden alcanzar entre 10 y 30 años, prisión perpetua o incluso la pena de muerte, según el supuesto legal aplicable.

La propaganda oficial presenta estas medidas como una respuesta necesaria para proteger el sistema eléctrico. Sin embargo, la reiteración de los robos refleja que las amenazas no han sido suficientes para acabar con el problema.

El fenómeno también expone las dificultades económicas que atraviesa la población, en un contexto donde determinados productos y recursos adquieren valor en los mercados informales.

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