México atraviesa hoy una de sus coyunturas diplomáticas más delicadas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La relación bilateral, marcada por una fuerte interdependencia comercial y política, se ve tensionada por una decisión que coloca al Palacio Nacional entre dos frentes difíciles de conciliar: Washington y La Habana.

La reciente orden ejecutiva firmada por Trump, que autoriza sanciones y aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, afecta de manera directa a la nación azteca y reduce de forma drástica su margen de maniobra.

Durante los últimos meses, el gobierno mexicano se ha consolidado como uno de los principales proveedores energéticos de la Isla. Los envíos de crudo y diésel, canalizados a través de Pemex, han sido justificados oficialmente como una combinación de contratos comerciales y ayuda humanitaria. Estos suministros han resultado clave para sostener el frágil sistema eléctrico cubano en medio de una crisis energética prolongada.

Sin embargo, la orden de Trump cambia el escenario. Al declarar una emergencia nacional y facultar a su administración para imponer aranceles a países que faciliten petróleo a Cuba, Estados Unidos introduce un factor de riesgo directo para la economía mexicana. Cualquier sanción comercial tendría un impacto inmediato sobre exportaciones estratégicas y sobre el tratado comercial que México mantiene con su principal socio económico.

A esta presión externa se suma un problema interno poco mencionado: la deuda. Cuba adeuda a México más de 1.500 millones de dólares por envíos de crudo y combustibles realizados en 2025. En un contexto de insolvencia financiera y caída de suministros, no existen señales claras de que La Habana pueda saldar ese compromiso en el corto o mediano plazos. Seguir enviando petróleo implica, en la práctica, ampliar una deuda de difícil recuperación.

Antes de la firma de la orden ejecutiva, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente la continuidad de los envíos y negó que su gobierno estuviera cediendo a presiones estadounidenses. No obstante, tras el anuncio de Trump, el silencio ha sido notable. Hasta ahora, no ha habido declaraciones oficiales que aclaren si México mantendrá su política energética hacia Cuba o si evalúa ajustes para evitar sanciones.

Ese vacío alimenta la incertidumbre. México debe decidir si prioriza una relación histórica y política con Cuba, asumiendo costos económicos crecientes, o si opta por proteger su vínculo estratégico con Estados Unidos, aun a riesgo de tensar su relación con La Habana.

La pregunta ya no es solo qué hará Sheinbaum, sino cuánto está dispuesto México a arriesgar en un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias inmediatas.

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