El controvertido centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, ubicado en los pantanos de los Everglades, podría cerrar en junio, según reportes divulgados por el diario The New York Times y confirmaciones de proveedores vinculados a la instalación.

El centro, administrado por el gobierno de Florida, fue concebido desde el inicio como una instalación temporal. Sin embargo, su operación ha generado fuertes críticas debido a los elevados costos y a las denuncias de organizaciones defensoras de inmigrantes.

De acuerdo con la información publicada, mantener abierto el complejo cuesta más de un millón de dólares diarios al estado de Florida. El gobernador Ron DeSantis ha señalado que todavía espera que el gobierno federal reembolse más de 600 millones de dólares relacionados con el funcionamiento del centro.

Según los reportes, los migrantes detenidos en la instalación comenzarían a ser trasladados a principios de junio hacia otros centros fuera de Florida. Posteriormente, las estructuras temporales serían desmontadas durante las semanas siguientes.

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano recomendó a las familias de los detenidos actuar rápidamente en los casos donde exista posibilidad de fianza, ante el inminente traslado de los inmigrantes a otras instalaciones del país.

Desde su apertura, el centro ha sido objeto de demandas y denuncias relacionadas con presuntas condiciones deficientes, falta de acceso adecuado a abogados y acusaciones de maltrato e insalubridad.

El activista proinmigrante Thomas Kennedy criticó el gasto público destinado al centro y cuestionó la sostenibilidad financiera del proyecto.

A pesar de las críticas, DeSantis ha defendido la existencia de la instalación y aseguró que el centro ha contribuido a reforzar la seguridad en Florida. Según cifras ofrecidas por el gobernador, más de 22.000 migrantes habrían sido procesados y deportados desde la apertura de “Alcatraz de los Caimanes”.

La prisión para migrantes todavía no cumple un año desde su inauguración, realizada durante la administración del presidente Donald Trump. El proyecto fue presentado como parte de una estrategia de endurecimiento migratorio en el estado.

En las últimas semanas también trascendieron reportes de contratistas que aseguran no haber recibido pagos relacionados con servicios prestados en el centro, aumentando aún más la controversia en torno a la instalación.

Fuente: N+ Univision

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