El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien ha sido expulsado de su labor por convertirse en un vocero de lo mal hecho en el sistema de salud público de la isla, estalló contra el régimen.

Desde que el galeno comenzó a sacar a la luz pública las deficiencias de la ‘potencia médica’, se convirtió en una piedra en el zapato de la dictadura que ahora se ha propuesto marginarlo.

De ahí que, a partir de ser separado de su trabajo, el médico se ha vuelto mucho más crítico.

“Esta es la razón de mi existir, ustedes me la quitaron arbitrariamente, mis pacientes hoy necesitan más de mí que de su precaria y decadente salud pública. ¿Quién es más grande? ¿Sus ideas o las mías?”, dijo este jueves.

“La dignidad del médico es más grande que cualquier política totalitaria. A los que ustedes dejen morir hay estaré yo para morir por ellos. La patria es de todos”, argumentó en sus redes sociales.

Tras el estallido del pasado 11 de julio, este galeno fue arrestado por el régimen. Después de su liberación, ha vuelto a la carga para conseguir la libertad de nuestro país.

Hoy el régimen cubano aseguró que solamente 62 personas han ido a juicio por las protestas que se suscitaron a lo largo y ancho de la isla a partir del pasado 11 de julio de 2021.

Una nota de la prensa oficialista refiere que se han tratado de juicios “con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana”.

De igual modo, asegura que los tribunales de justicia municipales han procesado, hasta el momento, a 62 personas relacionadas con lo que ellos definen como “disturbios recientes”.

Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP), dijo que “las personas que se han puesto a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito”.

El también director de Supervisión y Atención a la Población del TSP, aseguró además que “la tipicidad delictiva predominante en estos casos ha sido el desorden público, en 53 de los sancionados, unido a otros delitos tales como el de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño”.

En estos casos, detalló el jurista, ley prevé sanciones de hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, o ambas.

Sánchez Hidalgo argumentó, además, un grupo de garantías y derechos que la legislación contempla y que han estado presentes, como el derecho a aportar pruebas, tanto el denunciante como el acusado, así como comparecer con abogado, si lo considera la persona imputada.

“Podemos asegurar que en los procesos judiciales tramitados hasta ahora se ha mantenido una observancia estricta de cada una de estas garantías, en particular el derecho a la práctica de pruebas y la obligación de demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos que se les imputan”, manifestó el magistrado.

Sin embargo, los testimonios lo desminten.

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