La Unión Europea dio un paso decisivo hacia una política migratoria más estricta al alcanzar un acuerdo político sobre la nueva Directiva de Retornos, una normativa que busca aumentar las expulsiones de migrantes en situación irregular y reducir el número de personas que permanecen en territorio europeo tras recibir una orden de salida.

La medida forma parte del Pacto Migratorio impulsado por Bruselas y responde a una preocupación creciente entre los gobiernos europeos por la baja efectividad de las deportaciones. Según datos manejados por las instituciones comunitarias, actualmente solo entre el 20% y el 30% de las órdenes de expulsión llegan a ejecutarse.

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa es que permitirá la creación de centros de devolución fuera de las fronteras de la Unión Europea. Estos centros podrán operar en países terceros con los que existan acuerdos bilaterales, siguiendo una fórmula similar a la promovida por el gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania.

Además, las nuevas reglas flexibilizan los requisitos para las deportaciones. Hasta ahora, las personas expulsadas debían ser enviadas a su país de origen o a otro con el que mantuvieran algún vínculo demostrable. Con la reforma, los Estados miembros podrán trasladarlas a terceros países que acepten recibirlas mediante acuerdos específicos.

El texto también contempla períodos de detención más prolongados para los migrantes sujetos a procesos de expulsión y amplía las facultades de las autoridades encargadas de hacer cumplir las órdenes de retorno.

La iniciativa refleja un cambio de rumbo en el debate migratorio europeo. Durante los últimos años, varios gobiernos han reclamado medidas más severas para controlar los flujos migratorios irregulares, en un contexto marcado por el ascenso de partidos que exigen mayores restricciones en materia de inmigración.

Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil. Más de 250 organizaciones solicitaron anteriormente a la Comisión Europea que retirara el proyecto, argumentando que podría incrementar los riesgos para los migrantes y dejarlos en situaciones de vulnerabilidad jurídica.

Los críticos sostienen que el modelo prioriza la detención, la deportación y la externalización del control migratorio, mientras que sus defensores consideran que es una herramienta necesaria para reforzar la credibilidad del sistema europeo de asilo e inmigración.

El endurecimiento de la normativa también ha provocado divisiones dentro del Parlamento Europeo. Aunque tradicionalmente la Eurocámara había defendido posiciones más moderadas en cuestiones migratorias, una mayoría formada por conservadores, liberales y grupos de derecha respaldó una versión más estricta del texto durante las negociaciones.

Pese al acuerdo político alcanzado, la directiva todavía debe recibir la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. No obstante, los analistas consideran probable que la normativa obtenga el respaldo necesario para entrar en vigor, consolidando así una de las reformas migratorias más importantes impulsadas por Bruselas en los últimos años.

Fuente: El Confidencial

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