La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía general que abre la puerta a la liberación de cientos de detenidos por motivos políticos, aunque mantiene exclusiones que podrían dejar fuera a figuras destacadas de la oposición.

El proyecto fue impulsado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en medio de un escenario de alta tensión política y presión internacional.

La nueva normativa establece que podrán beneficiarse de la amnistía aquellas personas procesadas o condenadas por delitos vinculados a hechos políticos ocurridos durante los 27 años de gobiernos chavistas, siempre que estén a derecho o se presenten ante los tribunales competentes. El texto también contempla que los venezolanos en el exilio puedan tramitar la solicitud mediante un representante legal.

Antes de la aprobación formal, el Ejecutivo ya había iniciado un proceso de excarcelaciones. Según la ONG Foro Penal, 448 personas han sido liberadas en las últimas semanas, aunque aún permanecen 644 detenidos. Activistas subrayan que muchos de los excarcelados recibieron libertad condicional, no libertad plena, lo que consideran insuficiente.

Durante la sesión parlamentaria se introdujeron modificaciones al articulado, especialmente en lo relativo al alcance temporal y los mecanismos de aplicación. El oficialismo, que cuenta con mayoría absoluta, respaldó el texto junto a un reducido grupo de diputados opositores que logró incorporar algunos cambios tras intensas negociaciones.

Sin embargo, la ley incluye limitaciones relevantes. El articulado excluye de la amnistía los delitos de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos, en línea con lo establecido en la Constitución. También deja fuera a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o en intervenciones extranjeras contra la soberanía del país.

Estas disposiciones podrían afectar a dirigentes opositores señalados por el oficialismo de respaldar sanciones o acciones internacionales contra el gobierno. Entre los nombres mencionados en el debate público figuran María Corina Machado y Leopoldo López, ambos en el exterior. Una comisión especial prevista en la ley evaluará de manera individual los casos que generen controversia.

En paralelo al debate legislativo, familiares de detenidos mantuvieron vigilias frente a distintos centros penitenciarios, exigiendo celeridad y garantías reales. Una huelga de hambre iniciada por un grupo de mujeres días antes de la votación concluyó tras la aprobación del texto.

Aunque la ley representa un giro significativo en el panorama político venezolano, su impacto dependerá de la forma en que se implemente y de la transparencia con la que se revisen los expedientes. Para sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, el desafío será asegurar que la amnistía no se convierta en un instrumento selectivo, sino en un paso efectivo hacia la reconciliación nacional.

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