El deterioro del sistema de salud en Cuba es mucho más profundo de lo que admiten las cifras oficiales. Así lo revela un dossier reciente elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) y divulgado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, que estima en al menos 8.700 las muertes vinculadas a la actual crisis epidemiológica. La cifra contrasta de forma dramática con los 47 fallecimientos reconocidos inicialmente por el Gobierno —actualizados luego a 55 por el Ministerio de Salud Pública—, una diferencia que, según el informe, no puede explicarse por errores estadísticos aislados.

El estudio concluye que la emergencia sanitaria no es el resultado de fenómenos coyunturales, sino de un proceso prolongado de deterioro institucional, marcado por decisiones políticas que han debilitado de manera sistemática la capacidad del Estado para garantizar atención médica básica. La propagación simultánea de dengue, chikungunya y otros virus ocurre —señala el dossier— sobre un sistema previamente erosionado por la falta de inversión, el colapso de la infraestructura hospitalaria, la escasez crónica de medicamentos e insumos y la emigración masiva del personal sanitario.

De acuerdo con testimonios recogidos por el OCAC, una gran parte de los casos no se registra oficialmente. La ausencia de reactivos diagnósticos, los apagones, la falta de agua corriente y las malas condiciones en hospitales y policlínicos desmotivan a los pacientes a buscar atención, lo que provoca una subestimación grave tanto de la morbilidad como de la mortalidad.

El informe también alerta sobre el impacto del éxodo de médicos y enfermeros, impulsado por salarios insuficientes, sobrecarga laboral y deterioro de las condiciones de trabajo, mientras el Estado mantiene la exportación de personal sanitario como fuente de divisas. A esto se suma un contexto de inseguridad alimentaria, crisis energética, acumulación de desechos y estrés prolongado, factores que debilitan la respuesta inmunológica de la población.

El dossier dedica especial atención al chikungunya, recordando que entre el 30% y el 60% de los infectados puede desarrollar secuelas crónicas. En Cuba, estas quedan prácticamente sin tratamiento, lo que incrementa la carga de discapacidad. El OCAC concluye que, sin evaluaciones independientes ni cambios estructurales, la población seguirá expuesta a enfermedades evitables, sufrimiento prolongado y una pérdida sostenida de calidad de vida.

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