Una iniciativa presentada en el Congreso de Estados Unidos plantea indemnizaciones de 500.000 dólares para los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de 100.000 dólares por cada día adicional de detención. La propuesta busca facilitar las demandas contra las autoridades migratorias y limitar los mecanismos legales que podrían utilizar para eludir responsabilidades.

El proyecto de ley, impulsado por la representante demócrata Teresa Leger Fernández, pretende establecer una vía legal para que los ciudadanos cuyos derechos hayan sido vulnerados por el ICE puedan reclamar una compensación económica ante los tribunales.

La iniciativa, denominada Justice for Citizens Wrongfully Detained by ICE Act (Ley de Justicia para Ciudadanos Detenidos Injustamente por el ICE), contempla los casos de arrestos o detenciones realizados a partir del 20 de enero de 2025 sin causa probable ni orden judicial.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la compensación económica prevista para quienes ganen sus demandas. El texto plantea una indemnización de 500.000 dólares por caso, a la que se sumarían 100.000 dólares por cada día de detención posterior al primero. También contempla el pago de honorarios razonables de abogados y la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

Además, la propuesta busca impedir que los agentes implicados o el Gobierno federal recurran a la inmunidad calificada o soberana para evitar responder judicialmente por las detenciones denunciadas. Otro de sus apartados establece un plazo de cinco años para presentar las reclamaciones.

Según declaraciones difundidas por Leger Fernández, más de 500 ciudadanos estadounidenses habrían sido detenidos por agentes migratorios. La congresista también señaló que algunos habrían llegado a ser deportados.

«ICE no puede pisotear sus derechos y salir impune», afirmó la legisladora al defender la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas. También sostuvo que la iniciativa pretende proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y exigir responsabilidades cuando las actuaciones de las autoridades migratorias vulneren la ley.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y del Centro de Derecho y Política Social (CLASP). La congresista Bonnie Watson Coleman figura también como copatrocinadora.

La medida es, por ahora, una propuesta legislativa. Las indemnizaciones descritas no constituyen un pago automático ni un derecho general ya aprobado. Su aplicación dependerá del avance del proyecto en el Congreso y de su eventual aprobación.

A mask is not a license to violate the Constitution.

ICE cannot handcuff American citizens, trample on their rights, and walk away without consequences.

My bill lets wrongfully detained Americans sue for justice and get compensated.

Accountability is here. pic.twitter.com/zOr0v3cLBV

— Rep. Teresa Leger Fernández (@RepTeresaLF) October 16, 2026

Fuentes:  The Daily Digest - AS

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