El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, condenó a cuatro integrantes de la masonería cubana por el delito de tráfico ilegal de divisas, entre ellos José Ramón Viñas Alonso, quien se desempeñaba como Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 y presidente del Patronato del Asilo Nacional Masónico Llansó.

La sentencia fue anunciada tras un juicio oral y público celebrado el 5 de noviembre de 2026, correspondiente a la Causa 26E de ese año, según una nota informativa difundida por el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

De acuerdo con la versión oficial, durante el proceso quedó demostrado que Viñas Alonso y Fernando Marcos García, contador del asilo masónico, realizaron en varias ocasiones operaciones de cambio de dólares estadounidenses al margen de los canales legalmente establecidos. Para esas transacciones habrían intervenido Ángel Lázaro Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.

El tribunal impuso cuatro años de limitación de libertad y una multa de 25.000 pesos a Viñas Alonso. Fernando Marcos García recibió tres años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos, mientras que Santiesteban Prats y Villegas Digat fueron sancionados con dos años de limitación de libertad y multas de 20.000 pesos cada uno.

A todos los condenados se les aplicaron además sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos, la prohibición de salida del territorio nacional y la inhabilitación para ejercer cargos u oficios.

La sentencia puede ser recurrida en apelación tanto por los sancionados como por la Fiscalía, una vez que reciban la notificación escrita del fallo.

El caso se produce en medio de las tensiones entre la masonería cubana y las autoridades del régimen. Viñas Alonso había denunciado anteriormente presiones e interferencias del Ministerio de Justicia en los asuntos internos del Supremo Consejo del Grado 33, incluida la pretensión de colocar un sustituto interino en su dirección.

La controversia se intensificó después de que el Ministerio de Justicia citara al dirigente masónico y, según denuncias de miembros de la organización, intentara favorecer la designación de Lázaro Faustino Cuesta Valdés, quien había sido expulsado anteriormente de la institución.

Viñas Alonso también había protagonizado críticas públicas contra Miguel Díaz-Canel tras las protestas del 11 de julio de 2021, lo que, según representantes de la masonería, dio paso a interrogatorios y presiones sobre su persona.

La condena añade un nuevo capítulo a la disputa entre las autoridades cubanas y una organización con larga tradición histórica en la isla, cuyas estructuras internas han reclamado autonomía frente a las instituciones estatales.

Fuente: Tribunal Provincial Popular de La Habana

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