El gobierno cubano insistió en que en la isla no hay personas presas “por el ejercicio de sus derechos humanos ni por sus posiciones políticas”, ante un grupo de expertos del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.

“No son creíbles los casos mencionados por un miembro del Comité, no hay personas en Cuba privadas de libertad por el ejercicio de sus derechos humanos ni por sus posiciones políticas”, dijo Rodolfo Benítez Verson, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

Al responder sobre el cumplimiento del régimen de la Convención contra la Tortura, el funcionario comentó que era “realmente lamentable que se pretenda presentar como supuestos prisioneros de conciencia o defensores de derechos humanos a quienes irrespetan la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la constitución y las leyes”.

El relator para Cuba y vicepresidente del CAT, Sèbastien Touze de Francia, había preguntado con anterioridad a la delegación cubana sobre denuncias de tortura de los presos políticos, en especial aquellos encarcelados a causa de las protestas antigubernamentales del 11 de julio.

Por otro lado, el experto mexicano Claude Heller, presidente del CAT, calificó de “draconianas” las duras sentencias por los supuestos delitos de “Sedición” dictadas contra los manifestantes y cuestionó si no tenían carácter ejemplificante para prevenir futuros estallidos. A su vez, aclaró que el CAT “no es un órgano injerencista, no es un órgano político, no emite recetas, pero da recomendaciones que sí contribuyen al cumplimiento de la Convención contra la Tortura”.

No obstante, el representante del gobierno cubano dijo que “no es una práctica en Cuba el acoso, la amenaza, la violencia, el hostigamiento, ni la intimidación, el comportamiento de las fuerzas del orden interior se corresponden con los más elevados estándares internacionales y tiene su fundamento en el respeto a la dignidad humana, sin importar las creencias políticas”.

“La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos apostó por derrocar la revolución cubana a través de una intensa y muy bien financiada campaña político-comunicacional”, subrayó. Asimismo, comentó que “no se detuvo ni sancionó a ninguna persona por el ejercicio de sus derechos reconocidos en la constitución, no se hizo en el contexto de los disturbios del 11J ni se hará en ningún otro momento”.

“Se perturbó el orden público con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional. Se alentaron hechos violentos y de extrema gravedad en el país que causaron lesiones y pusieron en peligro la seguridad colectiva de la vida de los ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden”, agregó.

En marzo, las autoridades cubanas hicieron públicas las sentencias a más de un centenar de manifestantes del 11 de julio en La Habana, procesados por las protestas en la Esquina de Toyo, del municipio de Diez de Octubre, y la del reparto La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. En esos casos, las penas oscilaron entre los cuatro y los 30 años de prisión.

Cientos de cubanos fueron arrestados a raíz del estallido social del 11J, sin embargo, el régimen sigue negando que alguna de las detenciones respondiera a causas políticas. 

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