Un exfuncionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fue acusado formalmente junto con otra persona de participar en un supuesto esquema de sobornos para acelerar y aprobar trámites migratorios a cambio de dinero.

El acusado es Lukman Owolabi Ganiyu, quien ocupaba un cargo superior en una oficina de USCIS en Dallas. También enfrenta cargos Adeniyi Akeem Somoye, señalado como su presunto socio en el esquema.

Según la acusación federal, entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, Ganiyu habría utilizado su posición para intervenir irregularmente en solicitudes de inmigración y aprobar determinados expedientes a cambio de pagos.

Entre los trámites presuntamente manipulados figuran solicitudes de petición familiar I-130, de ajuste de estatus I-485, para eliminar las condiciones de residencia I-751 y de naturalización N-400.

Los fiscales sostienen que el exfuncionario habría utilizado su acceso al sistema migratorio para eludir entrevistas obligatorias, revisiones de supervisión, límites jurisdiccionales, verificaciones de antecedentes y otros protocolos establecidos por USCIS.

La investigación financiera identificó aproximadamente 287.830 dólares en depósitos en efectivo y otros 671.438 dólares en pagos directos recibidos mediante plataformas como Zelle y Cash App entre 2019 y marzo de 2026. El total asciende a unos 959.268 dólares.

No obstante, la existencia de esos movimientos financieros no significa que todos los fondos hayan sido considerados ilegales por los investigadores. La acusación señala que al menos una parte de los pagos estaría relacionada con personas que mantenían trámites pendientes ante USCIS.

El supuesto esquema también habría dejado un amplio rastro de comunicaciones. Los investigadores identificaron miles de mensajes y llamadas realizadas mediante WhatsApp entre los acusados y personas que buscaban gestionar sus casos migratorios.

Las autoridades federales arrestaron a Ganiyu y Somoye el 2 de septiembre. Posteriormente, un gran jurado federal presentó la acusación formal contra ambos por su presunta participación en un esquema de conspiración para recibir sobornos en calidad de funcionarios públicos.

Los fiscales sostienen que las actuaciones investigadas comprometieron la integridad de los procedimientos migratorios y permitieron que determinadas personas evitaran controles considerados esenciales para la aprobación de sus solicitudes.

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, afirmó que su oficina continuará persiguiendo a quienes utilicen cargos públicos para obtener beneficios personales y señaló que este tipo de conductas puede afectar la confianza en el sistema de inmigración y los mecanismos de seguridad establecidos por el Gobierno.

Fuente: Departamento de Justicia Texas

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