A partir de marzo de 2025, España continuará con su proceso de revisión de la nacionalidad, lo que podría afectar a ciertos ciudadanos que la adquirieron por residencia u otros procedimientos distintos al nacimiento. Esta medida responde a los criterios establecidos por el Ministerio de Justicia y se enmarca dentro de la normativa vigente.

¿A quiénes podría afectar?

Según las disposiciones actuales, las personas que no sean españolas de origen podrían perder su nacionalidad en los siguientes casos:

Si tras obtener la nacionalidad española, continúan utilizando su ciudadanía anterior durante un periodo de tres años.

Si participan en actividades que atenten contra los intereses del país, como ingresar voluntariamente en el servicio militar de otra nación o aceptar un cargo político en un Estado extranjero sin autorización del Gobierno español.

Si se detecta fraude, falsedad u ocultación en el proceso de adquisición de la nacionalidad, en cuyo caso una sentencia judicial puede determinar su revocación.

¿Cómo recuperar la nacionalidad?

Para quienes hayan perdido la nacionalidad española, existen mecanismos para recuperarla, siempre que se cumplan ciertos requisitos:

Residir legalmente en España, salvo excepciones contempladas en la normativa, como la realización de actividades benéficas a favor de intereses o asociaciones españolas.

Declarar formalmente ante el Registro Civil la voluntad de recuperar la nacionalidad.

Inscribir la recuperación de la nacionalidad en el Registro Civil.

Otras circunstancias a considerar

Además de los casos anteriores, los españoles de origen también pueden perder su nacionalidad en ciertas situaciones:

Si residen fuera de España y no declaran su intención de conservar la nacionalidad dentro de los tres años posteriores a su emancipación.

Si adquieren otra nacionalidad y expresamente renuncian a la española.

Si nacieron en el extranjero de padres españoles que también nacieron fuera de España y no declaran su voluntad de conservar la nacionalidad antes de cumplir tres años desde su emancipación o mayoría de edad.

Este proceso de revisión no implica una retirada masiva de nacionalidades, sino la aplicación de normativas existentes que buscan garantizar que quienes conservan la ciudadanía española cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Para evitar contratiempos, se recomienda a los ciudadanos en situaciones de riesgo informarse adecuadamente y tomar las medidas necesarias para regularizar su estatus dentro del plazo correspondiente.

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