La Corte Suprema de Estados Unidos celebra este lunes una audiencia de alto impacto que podría redefinir el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, abriendo potencialmente la puerta a reclamaciones por bienes confiscados por el régimen cubano tras 1959.

Los jueces escucharán los argumentos de Exxon Mobil vs. Corporación CIMEX y Havana Docks Corp. vs. Royal Caribbean Cruises Ltd., este último también contra Norwegian Cruise Line, Carnival Corporation y MSC Cruises. Ambos litigios giran en torno a la posibilidad de que ciudadanos y empresas estadounidenses demanden a quienes “trafiquen” con propiedades nacionalizadas sin compensación en Cuba.

En el caso de Exxon, la petrolera reclama más de 1,000 millones de dólares por activos confiscados en 1960, incluidos refinerías y terminales que hoy estarían vinculadas a CIMEX, empresa estatal bajo control de GAESA, el entramado empresarial-militar del régimen. La discusión central es si CIMEX puede ampararse en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para evadir la demanda; tribunales inferiores fallaron en 2024 a favor de la inmunidad, mientras Exxon sostiene que el Título III fue creado para superar esa barrera y garantizar acceso a la justicia.

Por su parte, el caso Havana Docks Corp. vs. Royal Caribbean involucra compañías privadas y se centra en si Havana Docks mantiene un derecho válido sobre la concesión del puerto de La Habana, revocada tras la llegada de Fidel Castro al poder. Entre 2016 y 2019, cruceros estadounidenses utilizaron la terminal, y en 2022 un fallo condenó a las navieras a pagar 440 millones de dólares; sin embargo, la sentencia fue anulada en 2024 por un tribunal de apelaciones, que alegó que la concesión había expirado antes de las operaciones.

La Corte Suprema ahora debe definir si el derecho a demandar depende de la vigencia formal de la concesión o del hecho de que la propiedad fue confiscada sin compensación. Desde su activación plena en 2019 por la administración Trump, el Título III ha generado unas 40 demandas, muchas estancadas por obstáculos procesales.

Un fallo favorable a una interpretación amplia del Título III podría reactivar miles de reclamaciones por centrales azucareros, refinerías, fábricas, puertos y terrenos, afectando a empresas internacionales y aumentando la presión financiera sobre el régimen cubano en un momento de crisis económica crítica.

Más allá de los tecnicismos legales, la audiencia de hoy marca un posible punto de inflexión en la disputa histórica por las propiedades confiscadas tras la revolución, con consecuencias que podrían redefinir la política estadounidense hacia Cuba y el futuro de la inversión extranjera en la Isla.

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