El zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan, confirmó que dentro del gobierno estadounidense se están discutiendo posibles opciones para que ciertos inmigrantes indocumentados puedan obtener un estatus legal permanente en el país.

Durante una entrevista con CBS News, Homan aseguró que el presidente Donald Trump mantiene conversaciones con miembros de su gabinete sobre alternativas migratorias dirigidas a determinados sectores de inmigrantes sin papeles.

“Hay conversaciones en curso”, afirmó Homan, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre qué grupos podrían beneficiarse o cuáles serían las condiciones de un eventual proceso de regularización.

Las declaraciones llaman la atención debido a que Trump ha mantenido históricamente una postura dura contra la inmigración ilegal y durante sus campañas ha prometido reforzar las deportaciones y endurecer los controles fronterizos.

Sin embargo, en los últimos meses el propio mandatario ha reconocido el impacto económico que las redadas migratorias y las detenciones masivas han provocado en sectores clave como la agricultura y la construcción, industrias altamente dependientes de mano de obra inmigrante.

“Queremos trabajar con ellos”, dijo Trump recientemente al referirse a los agricultores estadounidenses, quienes han advertido sobre la escasez de trabajadores tras el aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las acciones migratorias impulsadas por la administración republicana se han extendido por estados como California, Florida, Texas y Georgia, afectando principalmente a trabajadores agrícolas y empleados del sector de la construcción.

En medio de ese escenario, vuelve a tomar fuerza en Washington la llamada Ley Dignidad, una propuesta presentada por la congresista republicana María Elvira Salazar junto al demócrata Tom Suozzi.

El proyecto plantea ofrecer una vía de regularización a inmigrantes indocumentados que hayan vivido al menos cinco años en Estados Unidos y no posean antecedentes criminales.

La iniciativa incluye requisitos económicos y de seguridad, entre ellos el pago de 7.000 dólares, verificaciones de antecedentes y un impuesto adicional sobre ingresos antes de poder solicitar una Green Card.

Aunque el plan cuenta con respaldo de algunos sectores empresariales y organizaciones vinculadas a la inmigración, también ha sido criticado por activistas que consideran demasiado estrictas sus condiciones.

Hasta el momento, la propuesta no ha logrado avanzar en el Congreso, pero sus impulsores consideran que podría cobrar fuerza si Trump decide respaldarla públicamente.

Las declaraciones de Homan reflejan que dentro de la administración republicana existe debate sobre cómo equilibrar la presión migratoria con las necesidades económicas de sectores productivos que dependen ampliamente de trabajadores inmigrantes.

Fuente: La Opinión

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