Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. determinó que el gobierno del presidente Donald Trump no puede impedir que los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos soliciten asilo político, al considerar que la medida contradice la legislación migratoria vigente.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. supone un revés para una de las políticas migratorias más restrictivas impulsadas por Trump durante el inicio de su segundo mandato en 2025, cuando declaró la situación en la frontera sur como una “invasión” y ordenó limitar el acceso al sistema de asilo.

Según la orden presidencial emitida en enero de 2025, se buscaba suspender la posibilidad de que migrantes indocumentados en territorio estadounidense pudieran presentar solicitudes de protección, además de acelerar procesos de expulsión o repatriación bajo la autoridad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Sin embargo, el tribunal concluyó que dichas disposiciones exceden las facultades del Ejecutivo y vulneran derechos establecidos en la legislación federal. En su fallo, los jueces señalaron que el gobierno no puede eliminar procedimientos obligatorios que garantizan la protección de personas que alegan riesgo de persecución en sus países de origen.

El juez Justin Walker, en una de las opiniones recogidas en la sentencia, subrayó que el Ejecutivo “no puede deportar a extranjeros a países donde puedan ser perseguidos” y que ninguna orden administrativa puede privarlos de los mecanismos legales que permiten evaluar sus solicitudes de asilo.

La decisión judicial establece además que el caso se aplica específicamente a migrantes que ya se encuentran dentro del territorio estadounidense, reafirmando que el derecho a solicitar asilo no puede ser eliminado de forma unilateral por una proclamación presidencial.

La política migratoria impulsada por Trump había endurecido significativamente el acceso al asilo, argumentando un incremento de la presión migratoria en la frontera con México. Entre las medidas adoptadas se incluían la suspensión de solicitudes en la frontera, la reducción de vías legales de entrada y la aceleración de deportaciones.

Estas acciones generaron múltiples desafíos legales por parte de organizaciones de derechos civiles y defensores de migrantes, que advirtieron sobre posibles violaciones al debido proceso y a las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de refugio.

El reciente fallo representa uno de los límites más claros impuestos por el poder judicial a la política migratoria del Ejecutivo, al reafirmar que el derecho a solicitar asilo está protegido por ley y no puede ser eliminado por decreto presidencial.

Aunque la administración Trump ha defendido sus medidas como necesarias para controlar la frontera sur, las cortes han reiterado que cualquier reforma migratoria debe respetar los marcos legales existentes y los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional.

(Con información de Telemundo 51)

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