La administración del presidente Donald Trump está impulsando una política energética que podría transformar profundamente la dependencia de Cuba respecto al combustible extranjero y al mismo tiempo intensificar la presión sobre el Gobierno de La Habana. Según informes de Bloomberg, funcionarios estadounidenses trabajan para redirigir el suministro de petróleo hacia el sector privado cubano, al tiempo que mantienen restricciones estrictas sobre transacciones que beneficien directamente al Estado o al aparato militar comunista.

El objetivo, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, es utilizar el acceso a los combustibles como una palanca estratégica que obligue al régimen cubano a contemplar reformas económicas y políticas más profundas. Esta estrategia surge en medio de una profunda crisis energética en la isla, exacerbada desde 2025 por el cese de los envíos petroleros venezolanos y mexicanos, dos de sus principales proveedores históricos.

Históricamente, Cuba ha dependido en gran medida del crudo venezolano para cubrir su demanda energética, un vínculo que se debilitó tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Con Venezuela prácticamente fuera como suministrador y México evaluando su política frente a La Habana, Washington ha optado por un enfoque dual: restringir el flujo de crudo hacia entidades estatales cubanas mientras permite que empresas privadas conduzcan importaciones energéticas bajo condiciones comerciales normales.

La nueva orientación de la política petrolera estadounidense busca “calmar a las grandes petroleras” acerca de las reglas para vender combustible a Cuba, dejando claro que la prohibición solo se aplica al gobierno comunista, pero no a actores del sector privado o iniciativas de reventa que cumplan con las regulaciones vigentes.

Este enfoque llega en un momento en que la isla encara cortes prolongados de electricidad y una escasez severa de combustible que ha impactado transporte, servicios públicos y la economía en general. La ausencia de petróleo no solo afecta la vida cotidiana de los cubanos, sino que también ha llevado a gobiernos como el de España y México a enviar ayuda humanitaria para aliviar la crisis.

La administración Trump también ha presionado a países aliados para que eviten enviar petróleo a Cuba bajo amenaza de sanciones económicas adicionales, una táctica que ha disuadido a algunos potenciales proveedores y exacerbado las tensiones regionales.

Analistas señalan que esta estrategia energética forma parte de una campaña más amplia para debilitar la sostenibilidad económica del régimen cubano y forzar negociaciones que incluyan cambios sustanciales en su modelo político. Además, expertos apuntan que si Cuba accede al mercado petrolero bajo términos comerciales más estrictos, su economía podría enfrentar desafíos adicionales en medio de un entorno ya crítico.

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