Estados Unidos prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia como parte de un nuevo paquete de asistencia en materia de seguridad, una iniciativa que Washington plantea como uno de los pilares de la nueva etapa de relaciones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado con motivo de la investidura del nuevo mandatario colombiano, a la que Washington envió una delegación encabezada por el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche.

Según informó la agencia EFE, la Administración de Donald Trump pretende trabajar con el Congreso para concretar los recursos, por lo que el financiamiento todavía requiere aprobación legislativa.

La propuesta contempla fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad colombianas mediante tecnología estadounidense, mejorar la coordinación operativa y desarrollar acciones conjuntas contra organizaciones criminales y grupos considerados terroristas por Washington.

Uno de los principales objetivos será intensificar la lucha contra el narcotráfico. El paquete incluye una ampliación de las operaciones para erradicar cultivos de coca y de las acciones de interdicción de cocaína, además de perseguir las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales mediante el congelamiento de activos y procesos judiciales.

Washington también ofreció respaldar los esfuerzos de Bogotá para recuperar la presencia del Estado en zonas bajo control de grupos armados y reforzar la protección de menores frente al reclutamiento forzoso.

Otro de los componentes estará relacionado con la migración irregular. Estados Unidos busca incrementar la coordinación con Colombia para controlar los flujos migratorios y fortalecer las operaciones fronterizas.

El Departamento de Estado presentó el paquete como parte de una alianza renovada entre ambos países, que no se limitará a la seguridad. La agenda bilateral también contempla cooperación en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear con fines civiles.

La iniciativa marca un cambio respecto a la relación mantenida durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, caracterizada por fuertes diferencias con Washington, particularmente en materia de seguridad, narcotráfico y migración.

De la Espriella, quien ha defendido una política de línea dura frente al narcotráfico y los grupos armados, asume la Presidencia en un contexto en el que Estados Unidos busca fortalecer la cooperación con gobiernos latinoamericanos afines a sus prioridades en materia de seguridad y control migratorio.

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