Miles de inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo: el pago obligatorio de una tarifa anual de 100 dólares para mantener activo su caso. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, introduce una condición adicional que podría tener consecuencias legales graves para quienes no cumplan.

Según las nuevas directrices, los solicitantes deberán pagar esta cuota cada año mientras su expediente permanezca sin resolver. En un sistema migratorio caracterizado por largos retrasos, esto significa que muchas personas podrían verse obligadas a pagar múltiples veces antes de recibir una decisión final.

El principal riesgo no es económico, sino legal. Si el solicitante no realiza el pago dentro del plazo establecido —generalmente 30 días desde la notificación— su caso podría ser cerrado o rechazado. Esto implicaría la pérdida de beneficios asociados, como permisos de trabajo, y podría derivar en la remisión del caso a un tribunal de inmigración.

Expertos advierten que llegar a corte migratoria complica considerablemente la situación del solicitante, reduciendo sus opciones y aumentando el riesgo de una orden de deportación, especialmente si no cuenta con otro estatus legal vigente.

La medida ha generado preocupación entre migrantes que desconocían el cambio. Muchos enfrentan dificultades adicionales para cumplir con el requisito, como cambios frecuentes de domicilio o problemas para recibir notificaciones oficiales a tiempo.

Abogados de inmigración recomiendan mantener actualizada la dirección ante USCIS y revisar constantemente tanto el correo físico como las plataformas digitales del caso. El incumplimiento, incluso por desconocimiento, no exime de las consecuencias.

El pago debe realizarse en línea a través del portal oficial de USCIS, utilizando el número de registro de extranjero (A-Number) y el número de recibo del caso. Se aceptan transferencias bancarias o tarjetas, pero el proceso exige atención constante por parte del solicitante.

Además de esta tarifa, las autoridades han introducido otros cambios que podrían impactar a quienes tienen trámites migratorios en curso, incluyendo nuevas revisiones de antecedentes más exhaustivas. Estas verificaciones, con acceso ampliado a bases de datos federales, podrían ralentizar aún más la resolución de casos.

La combinación de nuevos costos, controles más estrictos y demoras prolongadas incrementa la presión sobre los solicitantes de asilo, muchos de los cuales ya enfrentan situaciones económicas difíciles.

Aunque la tarifa puede parecer relativamente baja, su impacto acumulativo, junto a otros gastos legales y administrativos, representa una carga adicional significativa. Para muchos, este nuevo requisito se convierte en un factor más de incertidumbre dentro de un proceso migratorio ya complejo.

Fuente: N+ Univision

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