El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al Tribunal Supremo para defender su intento de limitar la ciudadanía por nacimiento, una medida que desafía más de un siglo de interpretación constitucional y que podría redefinir el sistema migratorio del país.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico tras la llegada del caso impulsado por Donald Trump al Corte Suprema de Estados Unidos. El mandatario incluso ha decidido asistir personalmente a las audiencias, subrayando la relevancia política y jurídica de una medida que podría transformar el alcance de la Decimocuarta Enmienda.

La controversia gira en torno a una orden ejecutiva firmada en enero de 2025, al inicio de su segundo mandato, que busca negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense si sus padres no son ciudadanos ni residentes permanentes legales. Esta propuesta rompe con la interpretación histórica de la Constitución, que desde 1868 garantiza la nacionalidad a prácticamente todas las personas nacidas en el país.

Diversos tribunales federales bloquearon previamente la aplicación de la orden, considerándola contraria al marco constitucional vigente. Los críticos sostienen que la medida contradice precedentes clave como el caso de 1898 que consolidó el principio de ciudadanía por nacimiento, además de advertir que podría dejar sin nacionalidad a cientos de miles de niños cada año.

Por su parte, la administración Trump defiende que la Decimocuarta Enmienda incluye la expresión “sujeto a su jurisdicción”, lo que, según su interpretación, excluiría a hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal. Sus partidarios consideran que esta reinterpretación es necesaria para reforzar el control migratorio y la seguridad nacional.

El caso, conocido como “Trump vs. Barbara”, podría afectar a más de 250.000 recién nacidos al año y modificar de forma sustancial el sistema de ciudadanía estadounidense. Organizaciones de derechos civiles y fiscales estatales han advertido que la medida crearía una “subclase permanente” de personas sin plenos derechos, intensificando las desigualdades sociales.

La decisión final del Corte Suprema de Estados Unidos se espera para finales de junio y podría convertirse en uno de los fallos más trascendentales de las últimas décadas. Más allá del ámbito legal, el resultado tendrá profundas implicaciones políticas, sociales y demográficas para el futuro del país.

Fuentes: The Guardian y Reuters

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