Familiares y organizaciones opositoras han denunciado que los cinco sobrevivientes del incidente marítimo ocurrido el pasado 25 de febrero frente a las costas de Villa Clara se encuentran recluidos en condiciones extremas en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Según estas denuncias, los detenidos habrían sido objeto de amenazas de muerte y malos tratos físicos y psicológicos.

Maritza Lugo, integrante del Movimiento Partido Democrático 30 de Noviembre “Frank País”, declaró a Martí Noticias que los reclusos permanecen aislados en celdas conocidas como “el 47”, bajo vigilancia constante y sometidos a una fuerte presión psicológica.

De acuerdo con su testimonio, “las vidas de cada uno de ellos constantemente están en peligro. Los han amenazado de muerte, los vigilan permanentemente y están sometidos a una presión psicológica constante”.

Los cinco hombres formaban parte de un grupo de diez personas residentes en Florida que viajó a Cuba en una embarcación el 25 de febrero. La nave fue interceptada por Tropas Guardafronteras cerca de Cayo Falcones. En el operativo murieron cinco personas: cuatro durante el tiroteo inicial y una quinta posteriormente debido a las heridas sufridas.

Tras los hechos, los sobrevivientes fueron detenidos y la Fiscalía les imputó cargos de terrorismo, con posibles penas que van desde diez años de prisión hasta cadena perpetua, e incluso la pena de muerte.

Lugo describió las condiciones de reclusión como especialmente duras, señalando que los detenidos estarían en celdas oscuras, con escasa ventilación, altas temperaturas y presencia de roedores. “Las condiciones son inhumanas. Ningún ser humano debería vivir así en ninguna parte del mundo”, afirmó.

El caso más grave sería el de Amijail Sánchez González, quien, según la activista, habría sufrido agresiones durante interrogatorios en Villa Marista. Lugo asegura que el joven presenta pérdida auditiva en un oído, además de infecciones y fuertes dolores de cabeza sin atención médica adecuada.

Los otros detenidos fueron identificados como Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló y Cristian Ernesto Acosta Guevara.

La activista también cuestionó el desarrollo de la cooperación entre autoridades cubanas y el FBI durante una visita realizada el 1 de abril a la isla en el marco de la investigación del caso. Según su versión, los detenidos no habrían podido hablar en privado con los agentes estadounidenses, ya que estuvieron acompañados en todo momento por miembros de la Seguridad del Estado.

“Solo respondieron algunas preguntas y cuando intentaron explicar lo que realmente había ocurrido, fueron esposados y retirados del lugar”, sostuvo Lugo.

Mientras las autoridades cubanas mantienen la versión de que los detenidos participaron en una operación organizada desde Estados Unidos, familiares y sectores opositores aseguran que fueron víctimas de una emboscada. Lugo, por su parte, rechaza las acusaciones que la señalan como presunta autora intelectual del hecho.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido conclusiones públicas sobre la investigación.

Ante esta situación, la activista ha solicitado la intervención de organismos internacionales y entidades de derechos humanos para supervisar el caso y las condiciones de los detenidos.

Fuentes: Martí Noticias y CiberCuba

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