Un artículo del diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba desató múltiples reacciones entre los cubanos. “Cuba no prohíbe a los estadounidenses invertir aquí”, dice el reporte, que alega fueron declaraciones de Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), durante su intervención en el II Foro Empresarial Cuba-2021.

Los cubanos han reaccionado ante esta publicación acusándola de cínica, debido al historial de confiscaciones del régimen castrista sobre propiedades norteamericanas y de cubanos.

El artículo es un pretexto para hablar de las consecuencias del embargo en Cuba, pero los nacidos en la isla se muestran recelosos ante la invitación del gobierno de la mayor de las Antillas a invertir dentro del país.

El gobierno de Cuba también anunció esta semana que los cubanos residentes en el exterior pueden ser los “promotores del desarrollo y el bienestar” en la isla.

El régimen de La Habana anda buscando liquidez y ha actualizado su política de inversiones extranjeras , creyendo posible captar 12.500 millones de dólares en proyectos que contemplan la producción de alimentos, las energías sostenibles y el turismo entre otros. La nueva variación es decir que los cubanos residentes en el exterior, con domicilio probado fuera de Cuba y moneda extranjera, pueden invertir dentro del país.

Pero los descendientes de aquellas familias que lo perdieron todo tras las nacionalizaciones, se muestran reáceos a caer, en un proceso que advierten, no muestra seguridad ni garantías a su dinero.

CubaNet se ha acercado al proceso de confiscaciones de la década del 60 en Cuba:

La “Ley 851” del 6 de julio de 1960, expropió los bienes y las empresas de personas naturales o jurídicas norteamericanas. “Nacionalización” de grandes empresas norteamericanas de servicios públicos, petroleras y azucareras.

Luego, mediante “Resolución Conjunta No. 1 del Presidente y Primer Ministro”, de fecha 6 de agosto de 1960 se “nacionalizaron” las empresas bancarias norteamericanas que operaban en el país.

El modo de indemnización propuesto, mediante bonos que se formarían de un fondo que “se nutriría de las divisas extranjeras que corresponderían al exceso de las compras de azúcares que en cada año calendario realizara EE.UU.” Si no pudiera pagarse así por carecer de tal fondo, los bonos se amortizarían en un plazo de 30 años, en la forma y la proporción que determinase el presidente del Banco Nacional de Cuba.

Este modo de indemnización, impuesto unilateralmente, constituyó toda una burla, pues tres días antes el presidente de EE.UU. redujo la cuota azucarera cubana a ingresar en ese mercado. Entonces, cómo formar un fondo con el exceso de las compras de azúcares si ya se conocía que tal compra tenía un límite preestablecido. En su defecto, un pago en 30 años resultó más que irrisorio y obviamente no fue aceptado.

La “Ley 890” del 13 de octubre de 1960 nacionalizó el resto de las principales industrias del país, de los sectores más importantes de la economía nacional. Luego, por Resolución Conjunta No. 3 del 14 de octubre de 1960, las medidas nacionalizadoras se extendieron al resto de las empresas privadas cubanas y a las norteamericanas que no habían sido nacionalizadas. Tal nacionalización resultó ser una confiscación debido a que no se efectuó la correspondiente indemnización.

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