Cuba figuró nuevamente entre los pocos países que votaron en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que exige a Rusia devolver de manera inmediata y segura a los niños ucranianos deportados desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. La isla votó junto a Rusia, Irán, Bielorrusia, Nicaragua y otros gobiernos aliados del Kremlin, una postura que la coloca una vez más en el reducido bloque que respalda abiertamente a Moscú en el escenario internacional.

La resolución, aprobada con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, demanda el retorno inmediato e incondicional de los menores trasladados ilegalmente a territorio ruso, bielorruso o a zonas ocupadas. Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha documentado más de 19,500 niños deportados, de los cuales apenas una fracción ha logrado regresar con sus familias.

Durante el debate, la vicecanciller ucraniana Mariana Betsa recordó que “no habrá paz justa sin el retorno de nuestros niños”, subrayando que el texto no responde a intereses políticos sino a principios humanitarios. Sin embargo, Cuba optó por rechazarlo, una decisión que genera preguntas sobre su compromiso con la protección de la infancia y el derecho internacional.

El documento aprobado exige a Rusia detener cualquier nueva deportación, manipulación del estatus legal de los menores, cambios de ciudadanía, adopciones forzadas y procesos de adoctrinamiento. También solicita al Secretario General de la ONU activar todos los mecanismos disponibles para supervisar el caso, coordinar esfuerzos internacionales y promover la rendición de cuentas.

Investigaciones recientes han revelado la magnitud de estas prácticas. Organizaciones de derechos humanos han identificado más de 165 centros rusos utilizados para “reeducar” a menores ucranianos, muchos de ellos sometidos a adoctrinamiento político e instrucción militar. Incluso se han reportado casos de niños trasladados a Corea del Norte, donde serían sometidos a entrenamientos y formación ideológica.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada rusa Maria Lvova-Belova por su responsabilidad directa en estas deportaciones, consideradas crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma. Las investigaciones del Yale School of Public Health indican que existe una estrategia sistemática de rusificación y separación familiar con fines políticos y militares.

A pesar de esta evidencia, Cuba decidió respaldar a Rusia con un voto negativo, alineándose nuevamente con las posiciones geopolíticas del Kremlin. Este patrón se ha repetido en otras votaciones sobre la guerra en Ucrania, donde el gobierno cubano ha evitado condenar explícitamente la agresión rusa y ha responsabilizado a Occidente del conflicto.

Para muchos observadores, el voto de Cuba no solo refleja su dependencia política y económica de Rusia, sino también una postura que ignora las graves violaciones de derechos humanos que afectan a miles de familias ucranianas. Mientras la comunidad internacional continúa presionando por la restitución de los menores, la posición cubana vuelve a colocarla en el lado opuesto de la mayoría del mundo.

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