En Cuba, las mipymes y otros actores privados cuentan con un marco legal que les permite producir y vender electricidad siempre que esta provenga de fuentes renovables, una posibilidad contemplada desde el Decreto 107 del Consejo de Ministros, aprobado en agosto de 2024. Sin embargo, casi dos años después y en medio de una agudización de la crisis energética en la Isla, esta opción sigue siendo poco conocida, según reconocen autoridades del sector energético.

El decreto habilita a mipymes, cooperativas y otras formas de gestión no estatal a participar en la generación eléctrica más allá del autoconsumo, que hasta ahora había predominado en el uso de paneles solares por parte de particulares. Ramsés Montes Calzadilla, director de política y estrategia energética del Ministerio de Energía y Minas (Minen), explicó que esta medida busca diversificar la matriz energética y promover la transición hacia fuentes renovables, con especial énfasis en la energía solar, por su rápida instalación y las condiciones climáticas favorables del país.

Durante el pasado año se instalaron alrededor de mil megawatts de energía solar en Cuba, lo que ha ayudado a paliar los apagones diurnos, aunque persisten déficits importantes. Ante la crisis energética y el impacto del cerco petrolero estadounidense, el gobierno también ha extendido la instalación de paneles a hospitales, hogares maternos, bancos y otras instituciones estatales.

La novedad del Decreto 107 radica en que permite a las mipymes y otros actores privados desarrollar proyectos concebidos como generadores comerciales. Esto implica que una empresa privada puede invertir en un parque solar y firmar contratos de compraventa de electricidad con la Unión Eléctrica (UNE), negociando precios y plazos, replicando un modelo que hasta ahora había sido aplicado principalmente con inversión extranjera.

Además, la normativa facilita la comercialización directa de electricidad entre consumidores: una mipyme puede venderle energía a otra mipyme o incluso a una empresa estatal, generando nuevas dinámicas de mercado y permitiendo que entidades sin capital suficiente puedan contratar la generación de terceros mediante un esquema de financiamiento indirecto. De esta manera, el inversor se encarga del mantenimiento y la recuperación de su inversión, mientras que el cliente accede a un suministro más estable sin desembolsos iniciales elevados.

El decreto también autoriza ofrecer servicios de carga para vehículos eléctricos con energía renovable, ampliando las oportunidades de negocios en un sector aún incipiente. Estas medidas buscan que la transición energética no dependa exclusivamente de la inversión estatal, sino que involucre a diversos actores económicos, en un contexto de apagones prolongados y crisis energética generalizada. Montes Calzadilla concluyó que la participación de la sociedad completa permitirá que los beneficios de estas tecnologías se sientan lo antes posible, marcando un paso significativo hacia la diversificación energética en Cuba.

Fuentes: OnCuba y Cubadebate

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