Cuba, que antes de 1959 fue uno de los mayores productores de azúcar del planeta, enfrenta hoy una paradoja económica y simbólica: la necesidad de importar azúcar desde Estados Unidos, el mismo país al que durante décadas ha señalado como responsable de sus carencias.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura estadounidense, entre enero y septiembre de 2025 las importaciones cubanas de azúcar desde ese país alcanzaron los 14,9 millones de dólares, un aumento notable respecto a los 11,1 millones registrados en todo 2024.

El incremento coincide con una de las peores zafras en la historia reciente de la Isla, que volvió a incumplir sus planes de producción. La crisis del sector azucarero es una de las expresiones más claras del deterioro económico acumulado, y deja en evidencia la pérdida de capacidad productiva de un sistema que alguna vez basó buena parte de su identidad en la caña.

Pese a las restricciones derivadas del embargo, Cuba mantiene un flujo de importaciones desde Estados Unidos gracias a exenciones que permiten la compra de alimentos y otros productos esenciales. Sin embargo, las operaciones deben pagarse por adelantado, lo que limita los volúmenes posibles ante la falta de crédito internacional.

Esta dinámica demuestra que, a pesar del discurso oficial sobre el “bloqueo”, el comercio entre ambos países continúa. Solo en los primeros nueve meses de 2025, Cuba gastó 355 millones de dólares en importaciones estadounidenses, un 15 % más que en el mismo período de 2024, cuando totalizaron 309 millones.

El azúcar no es el único rubro con crecimiento. Las importaciones de carne de cerdo subieron 106,8 %, hasta 33,6 millones de dólares; los granos y piensos aumentaron 250 %, pasando de 6,8 millones en 2024 a 23,8 millones en 2025; y el café —otro producto que Cuba exportaba con holgura décadas atrás— creció 30 %, al pasar de 8,4 a 11 millones de dólares en el mismo período.

Actualmente, el país importa más del 80 % de sus alimentos básicos. La situación refleja la profundidad de la crisis estructural del sistema agroindustrial, golpeado por la falta de inversión, el envejecimiento del equipamiento y las restricciones impuestas por el propio modelo estatal.

Aun con las compras externas, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema extendido. Buena parte de la población enfrenta dificultades para acceder a alimentos suficientes, y los precios continúan al alza.

El gobierno, que destina apenas un 3 % del presupuesto nacional al sector agropecuario, no logra revertir el declive productivo. Ese nivel de inversión, calificado por economistas como insuficiente, ilustra la desconexión entre las prioridades del Estado y la urgencia de garantizar la producción nacional.

De exportador emblemático a importador dependiente, el caso del azúcar resume el colapso de un modelo que no ha podido recuperar su capacidad productiva ni asegurar la autosuficiencia alimentaria, pese a los reiterados planes oficiales de “recuperación del sector”.

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