Este domingo 17 de noviembre, Cuba enfrenta una de las jornadas más críticas en términos de suministro eléctrico, con una afectación estimada de 1421 MW, lo que equivale a dejar sin electricidad a prácticamente la mitad de la población. Este panorama evidencia el colapso de un sistema eléctrico que se tambalea por la combinación de una infraestructura obsoleta, falta de mantenimiento, escasez de combustible y una gestión ineficiente que no ofrece soluciones sostenibles.

La Unión Eléctrica (UNE) reporta averías en cinco unidades clave de las centrales termoeléctricas (CTE) de Mariel, Nuevitas, Felton y Renté, además de varias más en mantenimiento. Esto deja fuera de servicio 346 MW de capacidad térmica. A esto se suma la indisponibilidad de 49 centrales de generación distribuida y dos patanas esenciales (Santiago de Cuba y Regla), lo que afecta 558 MW adicionales.

La falta de inversión en el mantenimiento preventivo y la modernización de las plantas ha convertido al sistema eléctrico nacional en un entramado frágil, incapaz de resistir las exigencias del consumo actual. Las averías son frecuentes, y las reparaciones, cuando ocurren, son insuficientes y temporales.

El reciente paso del huracán Rafael exacerbó la ya crítica situación. Averías en redes eléctricas dejaron sin servicio a 99 MW en Artemisa y 1 MW en Mayabeque, afectando a miles de hogares. Este fenómeno natural puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema, que carece de capacidad para responder eficazmente a emergencias climáticas.

El déficit estimado para la hora pico es de 1421 MW, lo que deja una brecha insalvable entre la oferta y la demanda. Aunque se prevé la entrada de algunos motores y unidades menores, como la CTE Nuevitas y la patana de Regla, estas aportaciones no serán suficientes para cubrir las necesidades básicas de los cubanos.

Las soluciones que la UNE propone, como la entrada de pequeños generadores y reparaciones puntuales, son apenas paliativos en un contexto de deterioro estructural. La falta de acceso a combustibles suficientes, sumada a sanciones internacionales y restricciones económicas, agrava aún más la capacidad de respuesta.

La crisis eléctrica no solo afecta la calidad de vida de la población —que sufre cortes de energía prolongados y recurrentes—, sino que también paraliza sectores clave como la industria, el transporte y los servicios básicos. Además, incrementa el descontento social en un país donde las penurias económicas ya son la norma.

La situación eléctrica en Cuba no se resolverá con parches. Es necesario un cambio profundo en la gestión del sistema eléctrico, que incluya inversiones en energías renovables, modernización de plantas termoeléctricas y diversificación de fuentes de energía. Sin embargo, esto solo será posible con un modelo económico y político que priorice la transparencia, la eficiencia y la participación de actores internacionales y privados.

El panorama actual no deja espacio para el optimismo, y la UNE, lejos de ofrecer soluciones concretas, se limita a relatar un diagnóstico repetitivo que refleja su incapacidad de actuar. Mientras tanto, los cubanos siguen pagando el precio de un sistema que parece condenado al colapso.

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