La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a que la petrolera Exxon Mobil continúe una demanda contra las empresas cubanas CIMEX y CUPET, ambas vinculadas al conglomerado militar GAESA, en un fallo que podría tener importantes consecuencias financieras para el Estado cubano.

La decisión fue adoptada por seis votos a favor y tres en contra, resolviendo una disputa jurídica sobre el alcance de la Ley Helms-Burton y despejando el camino para que la compañía estadounidense siga adelante con sus reclamaciones por propiedades nacionalizadas tras la llegada al poder de Fidel Castro.

El litigio se centra en la antigua refinería de petróleo de La Habana, posteriormente rebautizada como Ñico López, así como en una red de 117 estaciones de servicio que pertenecían a Standard Oil, empresa que con el tiempo pasó a formar parte de Exxon Mobil.

La compañía sostiene que nunca recibió compensación por esos bienes, confiscados por el gobierno revolucionario a comienzos de la década de 1960. Según registros de una comisión estadounidense creada para evaluar reclamaciones derivadas de las expropiaciones en Cuba, las pérdidas certificadas entonces ascendían a cerca de 72 millones de dólares. Con la acumulación de intereses durante décadas y las indemnizaciones adicionales contempladas en la legislación estadounidense, la cifra actual podría alcanzar varios miles de millones de dólares.

Durante el proceso, los abogados de Exxon argumentaron que la empresa lleva más de seis décadas esperando una compensación por propiedades que, aseguran, fueron tomadas sin pago alguno. Además, recordaron que existen miles de reclamaciones similares presentadas por ciudadanos y compañías estadounidenses afectadas por las nacionalizaciones realizadas por el gobierno cubano.

El núcleo de la disputa legal giró en torno a la relación entre la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, y la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976. Mientras las entidades cubanas defendían que estaban protegidas por la inmunidad que generalmente ampara a gobiernos extranjeros ante tribunales estadounidenses, Exxon sostuvo que la Helms-Burton creó una excepción específica para este tipo de reclamaciones.

La máxima instancia judicial estadounidense respaldó esa interpretación. En su fallo, los magistrados concluyeron que la propia Helms-Burton elimina la inmunidad soberana de las entidades cubanas demandadas bajo esa legislación, por lo que los reclamantes no están obligados a demostrar además alguna de las excepciones previstas en la ley de inmunidades extranjeras.

La decisión revierte obstáculos que Exxon había encontrado en tribunales inferiores, donde los fallos fueron contradictorios. En una de esas instancias, un tribunal de apelaciones había rechazado el argumento de que la Helms-Burton ofreciera una vía suficiente para continuar la demanda.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la posición de Exxon durante el proceso. En documentos presentados ante la Corte, sostuvo que Washington tiene un interés estratégico en garantizar que los ciudadanos estadounidenses afectados por expropiaciones en Cuba puedan buscar compensaciones legales y evitar que las autoridades cubanas continúen beneficiándose de bienes confiscados.

El fallo también podría influir en otros litigios similares relacionados con propiedades nacionalizadas en Cuba. Actualmente existen cerca de 6.000 reclamaciones certificadas por antiguos propietarios estadounidenses, valoradas originalmente en más de 1.900 millones de dólares, una cifra que no incluye intereses acumulados durante décadas.

La resolución se produce apenas semanas después de otra decisión favorable a reclamantes estadounidenses. En mayo, la Corte Suprema permitió avanzar una demanda de Havana Docks Corporation contra varias compañías de cruceros, entre ellas Royal Caribbean, Carnival, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, acusadas de operar instalaciones portuarias cubanas vinculadas a propiedades reclamadas bajo la Ley Helms-Burton.

Analistas consideran que ambos fallos fortalecen el alcance de esa legislación y podrían incentivar nuevas acciones judiciales contra entidades estatales cubanas, en un momento especialmente complejo para la economía de la isla y en medio de crecientes tensiones entre La Habana y Washington.

Fuentes: Diario de Cuba

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