El régimen cubano condenó a 12 años de prisión al responsable de un sabotaje contra una subestación eléctrica en la localidad de Bungo, en Santiago de Cuba, un hecho que dejó sin servicio eléctrico a la población durante 48 horas y volvió a poner de relieve la vulnerabilidad de la ya deteriorada infraestructura energética del país.

Según informaron las autoridades, el acusado sustrajo de manera ilícita 102 litros de aceite dieléctrico de la Subestación Eléctrica Bungo 2. Este líquido resulta indispensable para el funcionamiento de los transformadores, ya que garantiza su enfriamiento y aislamiento eléctrico. Su extracción provocó una avería de gran magnitud que interrumpió el suministro de electricidad a cientos de familias durante dos días.

El tribunal consideró que la acción tuvo un impacto directo sobre un servicio esencial para la población y afectó la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en la provincia, por lo que impuso una de las sanciones más severas previstas para este tipo de delitos.

Las autoridades señalaron que el caso constituye un ejemplo de las consecuencias legales para quienes atenten contra infraestructuras consideradas estratégicas para el funcionamiento del país. También insistieron en que la protección de instalaciones como subestaciones, transformadores y redes eléctricas es una responsabilidad colectiva.

El robo de aceite dieléctrico y de otros componentes de la red eléctrica se ha convertido en un problema recurrente en distintas regiones de Cuba, donde la crisis económica ha impulsado el mercado ilegal de materiales y metales. Estos delitos suelen agravar aún más la precaria situación del sistema eléctrico nacional, marcado por frecuentes apagones, falta de mantenimiento y escasez de combustible.

Sin embargo, más allá de los actos de vandalismo o robo, especialistas han advertido que la crisis energética cubana responde principalmente al envejecimiento de las centrales termoeléctricas, la falta de inversiones sostenidas y las dificultades para garantizar el suministro de combustible.

En ese contexto, incidentes como el ocurrido en Bungo generan un impacto aún mayor sobre una red que opera con escaso margen de maniobra y que desde hace años enfrenta interrupciones constantes del servicio en gran parte del país.

Con esta sentencia de 12 años de privación de libertad, las autoridades buscan enviar un mensaje de disuasión frente a los delitos que afecten la infraestructura eléctrica, considerada clave para el funcionamiento de los servicios básicos y la actividad económica en medio de la prolongada crisis que atraviesa Cuba.

Fuente: Periódico Sierra Maestra

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