Cuatro líneas de cruceros enfrentan una demanda presentada por Havana Docks Corporation bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, relacionada con el uso de muelles confiscados en La Habana. Las compañías Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises solicitaron que el caso regrese al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, evitando una posible revisión en la Corte Suprema.

En 2022, un juez federal de Miami falló a favor de Havana Docks, ordenando a las compañías pagar $439 millones por "turismo prohibido" al usar instalaciones confiscadas por el gobierno cubano en 1960. Sin embargo, en noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito anuló esa decisión, argumentando que Havana Docks no tenía un "derecho de propiedad absoluto" sobre los muelles, ya que su concesión había expirado en 2004.

La decisión judicial destacó que el Título III de la Ley Helms-Burton, activado en 2019 por Donald Trump, no transforma concesiones limitadas en derechos perpetuos de propiedad. Los jueces señalaron que el caso de Havana Docks no cumplía con los requisitos necesarios para reclamar compensación por "tráfico de propiedad confiscada".

Las líneas de cruceros celebraron la decisión del tribunal de apelaciones. En una declaración conjunta, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean señalaron: “Estamos satisfechos con el fallo y agradecemos al tribunal por su consideración”. Carnival también expresó su satisfacción, aunque declinó hacer más comentarios.

Por otro lado, Havana Docks solicitó una audiencia en pleno ante el Undécimo Circuito, pero esta fue rechazada en diciembre de 2024. Ante la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, las empresas demandadas argumentaron que es poco probable que el tribunal acepte escuchar el caso.

Este caso marcó el primer fallo basado en el Título III de la Ley Helms-Burton. Sin embargo, la decisión del tribunal de apelaciones podría influir en otros casos similares relacionados con propiedades confiscadas en Cuba.

El juez disidente Andre L. Brasher criticó el enfoque del tribunal, argumentando que interpretar la Ley Helms-Burton con base en lo que habría sucedido si no hubiera ocurrido la confiscación es "contrafáctico" y podría limitar futuras demandas bajo la misma ley.

Por ahora, el caso sigue siendo un punto de referencia sobre cómo se interpretan los derechos de propiedad relacionados con bienes confiscados en Cuba y podría definir el futuro de otras reclamaciones similares.

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