La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, conocida como "Ley Bolívar". Esta iniciativa busca restringir el acceso del gobierno de Nicolás Maduro a recursos financieros internacionales, reforzando sanciones previas.

El proyecto fue presentado por el congresista republicano Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos representantes del estado de Florida.

“Nuestra política debe respaldar a quienes luchan contra la opresión, no a quienes la perpetúan”, afirmó Waltz en un comunicado.

La legislación se basa en restricciones previamente establecidas por la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020. En esencia, prohíbe al Departamento de Defensa de EE. UU. realizar contratos con empresas que mantengan vínculos comerciales con el gobierno venezolano controlado por Maduro.

La congresista María Elvira Salazar destacó que esta medida “corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen”.

La Ley Bolívar deberá ser sometida ahora al Senado, donde cuenta con respaldo bipartidista, lo que aumenta sus posibilidades de aprobación.

Esta legislación llega en un momento de tensiones tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, que, según observadores internacionales, carecieron de transparencia. La oposición presentó pruebas que indicaban una victoria del candidato Edmundo González, actualmente exiliado en España.

Durante la administración de Joe Biden, se implementaron ciertas flexibilizaciones a las sanciones económicas contra Venezuela para fomentar negociaciones políticas. Estas incluyeron licencias especiales para operaciones de petróleo y gas, beneficiando a empresas como Chevron y otras firmas europeas.

Sin embargo, Waltz enfatizó la necesidad de mantener e incluso ampliar las sanciones para restringir el acceso del régimen de Maduro a recursos que puedan ser utilizados para "reprimir a los venezolanos y perpetuar el abuso de sus derechos".

De ser aprobada por el Senado, la Ley Bolívar representará un paso adicional en los esfuerzos de Estados Unidos por aislar económicamente al régimen de Maduro y apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela.

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