La captura ilegal de aves silvestres ha pasado a ser la principal amenaza para la avifauna en Cuba, superando incluso los efectos del cambio climático, según alertó el biólogo Hiram González Alonso, del Instituto Cubano de Biodiversidad. La información fue compartida por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, en sus redes sociales.

De acuerdo con González Alonso, en los últimos cuatro años el número de localidades afectadas por esta práctica se duplicó, pasando de 98 en 2021 a 199 a finales de 2025. El experto, con más de 50 años de experiencia y doctorado en Ciencias Biológicas, describió la situación como una “verdadera masacre” que provoca extinciones locales y deteriora el patrimonio natural del país.

La captura de aves, que ha pasado de ser una tradición cultural a un negocio comercial descontrolado, afecta tanto a especies migratorias como a endémicas y amenazadas, incluyendo la cotorra, el catey, el tomeguín del pinar y el negrito. Los métodos empleados incluyen la tala de árboles y palmas para robar nidos, destruyendo hábitats completos. “No hay grupo que pueda resistir esta masacre”, advirtió González Alonso en entrevista con Naturaleza Secreta.

El ministro del CITMA señaló que la problemática también tiene un componente económico y social. Muchos campesinos, ante la necesidad de generar ingresos, aceptan pagos que van de 25,000 a 30,000 pesos por un pichón, lo que los lleva a capturar aves pese al daño ambiental. Según Rodríguez Batista, la venta de aves muchas veces se percibe como la única opción para cubrir necesidades básicas, generando un dilema ético entre supervivencia y conservación.

Cuba cuenta con un marco legal sólido, que incluye la Constitución, el Código Penal, la Ley 150 y convenios internacionales, con sanciones que van desde multas elevadas hasta prisión. Sin embargo, González Alonso señaló que estas normas no siempre se cumplen y que el Cuerpo de Guardabosques necesita más apoyo policial y municipal para hacerlas efectivas. También denunció amenazas y ofensas a científicos que denuncian la situación públicamente.

Entre las propuestas para reducir el impacto, el biólogo sugirió impulsar turismo de observación de aves como alternativa económica sostenible, que genere empleo sin afectar la biodiversidad. Señaló además que especies como canarios, jilgueros y periquitos australianos pueden criarse legalmente en cautiverio sin daños ambientales.

Finalmente, instó a reforzar la educación ambiental en medios de comunicación, habilitar canales de denuncia accesibles y bloquear el tráfico internacional de aves en Aduana, medidas respaldadas por el CITMA, ORSA y el Programa Nacional de Diversidad Biológica hasta 2030, que busca combinar conservación con beneficios equitativos para las comunidades locales.

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