Una vecina del municipio de Amancio, al sur de la provincia de Las Tunas, fue objeto de una intervención de las autoridades locales por dedicarse a comercializar medicamentos importados y de producción nacional, en medio de la grave escasez de fármacos que afecta a la población cubana.

La información fue divulgada por la plataforma oficialista Claridad Tunera, que justificó la actuación de las autoridades alegando que la especulación y el lucro con productos destinados a la salud no tienen cabida en el sistema cubano.

Según la publicación, la mujer vendía medicamentos que forman parte tanto de la producción nacional como de los que se introducen desde el extranjero. Sin embargo, el reporte no precisó la identidad de la implicada, las cantidades ocupadas, los productos comercializados ni las posibles sanciones que podría enfrentar.

El caso vuelve a poner de manifiesto una de las contradicciones más evidentes de la realidad cubana: mientras las autoridades persiguen la comercialización particular de medicamentos, miles de familias se ven obligadas a buscarlos fuera de las farmacias estatales, donde numerosos productos del cuadro básico llevan largos períodos sin estar disponibles.

La escasez de antibióticos, analgésicos, medicamentos para enfermedades crónicas y otros productos esenciales ha convertido la búsqueda de tratamientos en una preocupación cotidiana para los pacientes y sus familiares.

Ante la incapacidad del sistema estatal para garantizar un abastecimiento estable, muchos cubanos recurren a redes informales, contactos en el extranjero y vendedores particulares para conseguir fármacos que necesitan con urgencia.

Aunque el comercio ilegal de medicamentos puede implicar riesgos para los consumidores, especialmente cuando no existen garantías sobre su procedencia y conservación, el problema no puede analizarse al margen de la crisis de abastecimiento que atraviesa el país.

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