En medio de la escasez e incremento del costo de la vida más de 1 millón 400 mil familias cubanas deben sobrevivir en viviendas en mal estado. El 37% del fondo habitacional en la isla se encuentra en mal estado, según un reporte de la Presidencia de la República.

El gobierno intenta solucionar el problema del acceso a la vivienda, pero la gestión estatal es insuficiente. En el último quinquenio apenas han podido edificar 120 mil casas, a las que tienen prioridad miembros de la policía y las fuerzas armadas, mientras que los damnificados de ciclones y derrumbes continúan por décadas en tugurios insalubres.

El Estado busca maquilar valores y asume como déficit habitacional 862 mil casas, sin contabilizar aquellas que ya deberían desalojar y demoler por encontrarse en estática milagrosa. Los derrumbes con pérdidas de vidas se han vuelto común en Cuba. Las muertes de las niñas María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles ponen el tema en el debate público nuevamente. 

Los subsidios para las reparaciones de viviendas son especies de estipendios que no alcanzan para pagar el 10% de materiales y mano de obra. Los rastros no proveen los insumos necesarios por lo que el resto debe ser adquirido en el mercado negro. 

La gestión privada logró en 2020 duplicar los planes priorizados del Estado, llegando a construir 25 mil viviendas. Los medios oficiales aplauden el número como un logro del régimen desconociendo los esfuerzos de los constructores para burlar las restricciones de acceso a materiales.

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