El Gobierno cubano presentó un paquete de 176 medidas que redefine su modelo económico con mayor presencia del mercado, apertura al sector privado y extranjero, y reformas en subsidios, empresas estatales y sistema financiero, en medio de una grave crisis económica.

El plan de 176 medidas presentado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz busca reestructurar la economía cubana a través de 23 ejes que abarcan desde la empresa estatal hasta la política social, con un giro hacia mecanismos de mercado y mayor participación del sector no estatal.

En el ámbito de las empresas estatales, se plantea darles mayor autonomía y convertirlas en sociedades por acciones. Por ejemplo, una empresa azucarera estatal podría vender parte de sus acciones a inversionistas privados o extranjeros y cerrar si no es rentable, algo impensable en el modelo anterior.

En la apertura al sector privado, se amplían las mipymes y cooperativas. Por ejemplo, una cooperativa agrícola podría importar fertilizantes directamente o exportar sus productos sin intermediación del Estado, además de abrir cuentas en el exterior para financiarse.

En cuanto a la planificación económica, se reduce el control centralizado. Por ejemplo, en lugar de que el Estado asigne maquinaria o combustible, las empresas podrían adquirirlos en mercados o mediante contratos directos con proveedores.

Respecto a los subsidios, se plantea eliminar los generalizados. Por ejemplo, en vez de subsidiar el pan o la electricidad para todos, el Estado daría ayudas económicas directas solo a familias vulnerables identificadas mediante registros sociales.

En el sistema financiero, se abre la puerta a banca privada y divisas. Por ejemplo, podrían existir casas de cambio privadas o fintech que permitan transferencias en dólares o euros sin pasar exclusivamente por bancos estatales.

En el sector agrícola, se amplía el usufructo de tierras y la libertad de mercado. Por ejemplo, un agricultor en usufructo podría vender su producción a precios negociados libremente en lugar de precios fijados por el Estado.

En la energía, se permite inversión privada en combustibles y renovables. Por ejemplo, una empresa extranjera podría operar servicentros o instalar parques solares para vender electricidad.

En el turismo, se abre la gestión a actores privados. Por ejemplo, una empresa privada podría administrar hoteles, marinas o alquileres turísticos en zonas costeras.

En el comercio y servicios, se amplía el papel del sector no estatal. Por ejemplo, cadenas privadas o franquicias internacionales podrían operar restaurantes o tiendas junto a empresas estatales.

En la inversión extranjera, se flexibilizan reglas. Por ejemplo, un inversor extranjero podría asociarse con una mipyme cubana para abrir una fábrica o gestionar un negocio inmobiliario en La Habana.

En la dolarización parcial, se amplía el uso de divisas. Por ejemplo, algunas empresas podrían pagar salarios o insumos directamente en dólares o euros.

En el transporte, se facilita la importación de vehículos. Por ejemplo, particulares podrían comprar e importar autos eléctricos sin tantas restricciones estatales.

En la digitalización y tecnología, se impulsa la IA y centros de datos privados. Por ejemplo, empresas extranjeras podrían instalar servidores en Cuba o desarrollar servicios de inteligencia artificial para exportación.

En lo social, se sustituyen subsidios por ayudas focalizadas. Por ejemplo, un anciano con bajos ingresos recibiría asistencia directa del Estado en lugar de precios subsidiados generales.

En el sistema tributario, se introduce gradualmente el IVA. Por ejemplo, compras en tiendas podrían incluir un impuesto al valor añadido visible en la factura.

En conjunto, estas reformas representan un cambio estructural profundo: el Estado cubano mantiene formalmente el control del sistema, pero abre múltiples espacios a la lógica del mercado, la inversión privada y la competencia económica como mecanismos para intentar estabilizar una economía en crisis.

Fuente: Granma

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