Donald Trump, en una nueva muestra de su enfoque inflexible hacia la inmigración, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que respalde la cancelación del programa de libertad condicional humanitaria CHNV, implementado durante el gobierno de Joe Biden.
La solicitud fue presentada por su administración a través de una moción de emergencia que busca revertir un fallo de una jueza federal que impide eliminar de forma generalizada los permisos temporales de más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La movida representa otro capítulo en la prolongada cruzada de Trump contra los migrantes, incluso aquellos que llegaron legalmente, sin antecedentes penales y bajo estrictas condiciones. El programa CHNV, creado en enero de 2023, permitió el ingreso ordenado de hasta 30,000 personas al mes provenientes de estos cuatro países. Para calificar, los solicitantes debían tener un patrocinador en Estados Unidos, aprobar una verificación de antecedentes y contar con un boleto de avión. No se trató de una política laxa o improvisada, sino de una medida cuidadosamente estructurada para ofrecer una vía legal de entrada a personas en condiciones vulnerables.
Sin embargo, para la actual administración republicana, encabezada por figuras como Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional, la existencia de este programa representa una amenaza, no por cuestiones legales o de seguridad verificables, sino por consideraciones ideológicas y políticas.
Noem canceló el programa en marzo de este año, alegando riesgos a la seguridad nacional y problemas con la política exterior, argumentos que hasta ahora no han sido acompañados de evidencia concreta.
Lo más preocupante de esta ofensiva es su carácter retroactivo. Si la Corte Suprema aprueba la solicitud de Trump, más de medio millón de migrantes podrían perder su permiso de permanencia y trabajo de forma abrupta, sin un análisis individual de su situación. Estas son personas que han cumplido con la ley, que no tienen antecedentes penales y que, en muchos casos, ya están integradas en comunidades estadounidenses.
La jueza federal Indira Talwani intentó poner freno a esta medida desproporcionada al dictaminar que el gobierno debía revisar caso por caso antes de revocar la libertad condicional. Pero Trump y su equipo argumentan que esta orden excede la autoridad judicial y entorpece la ejecución de la política migratoria por parte del Ejecutivo.
En un contexto global cada vez más desafiante, donde las crisis en países como Venezuela y Haití obligan a miles a buscar refugio, medidas como la revocación masiva del CHNV representan un retroceso humanitario.
Más allá del debate legal, está en juego el destino de personas reales: familias, trabajadores, jóvenes con aspiraciones y sin delitos en su historial.
La decisión de la Corte Suprema tendrá implicaciones profundas. Para Trump, es otra oportunidad para demostrar que su retórica contra la inmigración no se limita a palabras. Para cientos de miles de migrantes, puede significar el fin abrupto de una esperanza que se les ofreció legalmente. ¿Hasta cuándo se castigará a quienes simplemente buscan una vida mejor, siguiendo, supuestamente, las reglas... Y qué reglas?
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