El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para limitar el acceso de estudiantes chinos a instituciones académicas del país, como parte de una iniciativa para proteger la seguridad nacional y frenar posibles actividades de espionaje relacionadas con el Partido Comunista Chino (PCCh).
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que su departamento trabajará junto al de Seguridad Nacional para revocar “de forma agresiva” las visas de ciudadanos chinos vinculados al PCCh o matriculados en áreas de estudio consideradas sensibles, como inteligencia artificial, robótica o ingeniería avanzada.
Rubio explicó que esta medida busca frenar la infiltración de agentes extranjeros en el sistema universitario estadounidense y proteger la propiedad intelectual e investigaciones tecnológicas estratégicas. “Estados Unidos no puede permitir que se sigan otorgando visas a quienes están legalmente obligados a servir a un régimen que promueve la vigilancia, el robo y la censura”, afirmó el funcionario.
El Departamento de Estado también anunció que revisará los criterios actuales de elegibilidad para visas, lo que afectará tanto a solicitantes provenientes de la República Popular China como de Hong Kong. Esta revisión implicará un mayor escrutinio sobre los antecedentes, afiliaciones políticas y áreas de estudio de los solicitantes.
En paralelo, Rubio anunció la implementación de restricciones de visa para extranjeros que hayan participado en la censura de ciudadanos estadounidenses. “No permitiremos que funcionarios extranjeros hostiguen o sancionen a estadounidenses por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, expresó Rubio en una publicación.
Estas acciones se producen luego de que legisladores republicanos propusieran una nueva normativa en el Congreso: la Ley para Detener las Visas del PCCh. Esta iniciativa busca impedir la entrada de personas afiliadas al partido gobernante chino bajo la premisa de que representan un riesgo potencial para la seguridad nacional de EE.UU.
La propuesta ha cobrado fuerza tras la publicación de un informe del Stanford Review, que denunció un supuesto intento de espionaje por parte de un hombre que se hizo pasar por estudiante para recopilar información en nombre del Ministerio de Seguridad del Estado chino. El caso encendió alarmas sobre la posibilidad de que instituciones educativas estén siendo utilizadas como canales para actividades encubiertas.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, también respaldó públicamente estas restricciones. “No podemos seguir otorgando más de 300.000 visas al año a ciudadanos de un país cuyos estudiantes están comprometidos legalmente a servir a un régimen autoritario”, escribió en su cuenta de X.
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