El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la detención de 1,120 inmigrantes indocumentados como resultado de la “Operación Maremoto”, un despliegue coordinado entre autoridades estatales y el Departamento de Seguridad Nacional realizado del 21 al 26 de abril.
La mayoría de los arrestos se llevaron a cabo en ciudades como Jacksonville, Orlando, Tallahassee, y en los condados de Broward y Miami-Dade, con la participación de al menos 80 oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP). DeSantis aseguró que esta ofensiva representa un nuevo nivel de cooperación estatal con la política migratoria del presidente Donald Trump.
Según datos oficiales, el 63% de los detenidos tenía antecedentes penales. Las autoridades aseguran que entre ellos figuran miembros de pandillas como MS-13, Tren de Aragua, Barrio Azteca y otras organizaciones delictivas transnacionales.
La operación, calificada por funcionarios como “histórica”, responde al creciente número de acuerdos de colaboración entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Actualmente, existen más de 500 pactos activos en 38 estados, siendo Florida el territorio con mayor nivel de participación: los 67 condados del estado han suscrito algún tipo de convenio con el gobierno federal.
Los detenidos provienen principalmente de Guatemala (437), México (280), Honduras (153), Venezuela (48), El Salvador (24) y otras nacionalidades (178). Muchas de las capturas se realizaron en operativos de tráfico o en entornos laborales. Activistas señalan que algunos de los afectados tenían solicitudes de asilo pendientes o permisos de trabajo válidos.
Jessica Ramírez, coordinadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, denunció el impacto humano de estas redadas. “La mayoría son hombres, padres de familia que de pronto desaparecen dejando a sus hijos y parejas desamparados”, afirmó.
Un caso que ilustra esta situación es el de “Chica”, una joven guatemalteca de 25 años que prefirió no revelar su apellido. Su pareja, Fernando, fue detenido mientras se dirigía al trabajo junto a otros compañeros de construcción. Desde entonces, ella no ha recibido noticias y teme quedar sola con su bebé de tres meses. “Tenía permiso de trabajo y una solicitud de asilo activa. No entiendo por qué lo arrestaron”, lamentó.
La ofensiva migratoria ocurre en un contexto de presión por parte del presidente Trump para acelerar las deportaciones masivas. ICE, con una plantilla de alrededor de 6,000 agentes, busca apoyo local para cumplir su meta de reducir significativamente la población indocumentada del país, estimada en 11 millones de personas.
No todos ven con buenos ojos esta estrategia. La abogada Katie Blankenship, cofundadora de Sanctuary of the South, advirtió que estos acuerdos comprometen la legalidad del proceso. “Las leyes migratorias son competencia federal. Involucrar a policías locales sin la preparación adecuada pone en riesgo los derechos de las personas y promueve el miedo entre comunidades enteras”.
Pese a las críticas, DeSantis aseguró que Florida continuará liderando estas iniciativas. “Estamos comprometidos con la seguridad del estado y con hacer cumplir las leyes migratorias. Nuestra colaboración con ICE es ejemplo nacional”, subrayó.
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